
El allanamiento de la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, motivó que el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, expresara su rechazo. A través de un pronunciamiento público, calificó la medida judicial como un acto de “acoso político” y abuso de autoridad, y rememoró el fallo del Tribunal Constitucional como argumento central contra el operativo.
“Lo digo con mucha contundencia, en nombre del Estado de derecho y el respeto a la Constitución y a la democracia: No es posible que, pese a que el TC ha emitido su pronunciamiento para que la Fiscalía de la Nación no tuerza su competencia, en cuanto a las investigaciones a la presidenta de la República, se siga cometiendo una persecución política”, expresó en su cuenta oficial de X.
Asimismo, describió “lo ocurrido hoy día como una clara muestra de acoso político permanente a la señora mandataria, ministros, funcionarios y familiares. Rechazo el abuso y autoritarismo del Ministerio Público y propongo la reestructuración de esta entidad y la reorganización total del Poder Judicial. Mi solidaridad con quienes están siendo objeto de este avasallamiento”.

Sus expresiones generaron rápidamente la respuesta de los usuarios, quienes le recordaron que si bien es cierto que el Tribunal Constitucional se refirió al entorno presidencial, en realidad fue para aclarar que en su caso sí se pueden desarrollar las investigaciones y acciones que las autoridades consideren pertinentes.
“Falso. El TC dice que su entorno de la presidenta SI puede ser investigado”; “La Constitución es bien clara. ¿En qué parte de la Constitución dice que el Primer Hermano tiene las prerrogativas de la presidencia?“; ”No ha leído la resolución, como muchos, de hecho, pero usted es ministro y la responsabilidad de sus palabras es mayor. Antes de soltar afirmaciones erradas debería informarse debidamente"; “El aforado es la autorididad, no el familiar”, son algunos de los comentarios en la propia publicación de Sandoval.
¿Qué dice realmente el fallo del TC?
El fallo del TC es claro en mencionar que “a tenor de lo expuesto supra, un escenario particular se presenta cuando se inicia una investigación penal en contra de las personas que formen parte del entorno del presidente —que podría comprender a familiares, servidores y funcionarios— y se encuentren vinculados a la presunta comisión de un delito".
“Al respecto, en opinión de este colegiado, si bien la presidencia de la república ostenta la especial protección constitucional que deriva de la precitada disposición constitucional y, por ello, la persecución penal en su contra se encuentra limitada, no obstante, su entorno sí puede ser materia de investigación por parte del Ministerio Público”, se lee. Es decir, la inmunidad de la presidenta no alcanza a su entorno. En este caso, a Nicanor Boluarte.

¿Por qué se allanó la vivienda de Nicanor Boluarte?
La intervención en la vivienda de Nicanor Boluarte formó parte del denominado operativo Ícaro, a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP). La acción tuvo como objetivo recolectar pruebas vinculadas a posibles actos de corrupción y crimen organizado que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, involucran a exfuncionarios del Ministerio del Interior y a empresarios del sector minero. El hermano de la presidenta figura en calidad de vinculado, pero no como investigado principal en el expediente abierto contra Juan José Santiváñez, exministro del Interior.
Durante la diligencia, el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, calificó el operativo como un abuso por parte de la Fiscalía y aseguró que su defendido no ha tenido vínculo alguno con la minera El Dorado, con Santiváñez o con Percy Tenorio.
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