Fiscalía detrás de llamada de Martín Vizcarra: piden al INPE informar en 24 horas quién autorizó entrevista telefónica de expresidente

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Equipo Especial Lava Jato solicitó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) información detallada sobre la llamada telefónica que el expresidente Martín Vizcarra realizó a un medio de comunicación minutos antes de ser trasladado desde el penal Barbadillo al penal Ancón II.

El requerimiento fiscal pide que, en un plazo máximo de 24 horas, la institución informe “quién fue la persona que autorizó para que el interno Martín Alberto Vizcarra Cornejo realice el día 22 de agosto del presente año, en horas de la noche, una llamada telefónica al programa RPP, en donde se advierte que realizó declaraciones de naturaleza política y/o proselitista por varios minutos”. El documento, al que tuvo acceso Milagros Leiva Entrevista, solicita también el horario de visitas y el horario que tenía para realizar llamadas.

El Ministerio Público recordó que, aunque las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse con familiares y amigos, el Código de Ejecución Penal establece que ese derecho debe ejercerse bajo condiciones que prohíben expresamente actividades políticas o partidarias. Por ello, la Fiscalía requirió conocer cuál era el horario asignado para llamadas y visitas a Vizcarra en Barbadillo, cuántas llamadas podía realizar y bajo qué circunstancias se le permitió o facilitó el contacto con el periodista de RPP la noche del viernes 22 de agosto.

“De no existir autorización, deberán indicarnos cómo accedió el interno a un dispositivo telefónico, sin contar con una autorización; además, deberá anexarse el reporte de ocurrencias que realizó personal penitenciario que interrumpió dicha llamada telefónica”, precisa el escrito, el cual también pide informar, en caso se incumplió el marco normativo y disposiciones, “si se ha iniciado un procedimiento administrativo disciplinario al interno por la comisión de una presunta falta administrativa”.

Hasta el momento, el INPE no ha emitido un pronunciamiento público sobre la autorización de la llamada ni sobre los procedimientos internos aplicados tras el incidente.

¿Qué dijo Martín Vizcarra en esa entrevista?

En la entrevista concedida a RPP minutos antes de ser retirado del penal de Barbadillo y trasladado al penal Ancón II, el expresidente Martín Vizcarra expuso abiertamente su crítica a las decisiones judiciales y administrativas que determinaron su reclusión y posterior traslado. Según relató, tanto la prisión preventiva en su contra como el cambio de establecimiento penitenciario obedecen a razones políticas y no a criterios técnicos o jurídicos.

“El INPE depende del Ministerio de Justicia y este de la presidenta Dina Boluarte. Lo digo con todas sus letras: estoy aquí por una decisión política, no por criterios técnicos”, declaró. El exmandatario explicó que dos juntas calificadoras del sistema penitenciario coincidieron en que correspondía mantenerlo en Barbadillo, pero que la decisión final de trasladarlo respondió a “órdenes de otro nivel”.

De acuerdo con Vizcarra, la primera junta calificadora sesionó el jueves 14 de agosto, un día después de su llegada a Barbadillo, y concluyó que debía permanecer allí. Sin embargo, el miércoles 20, se instaló una segunda junta con el mismo objetivo, que ratificó la recomendación de no moverlo. Pese a ello, afirmó que le fue comunicado el traslado bajo el argumento de una decisión política impulsada desde el Ejecutivo. Mencionó además que “la presidenta de la segunda junta, en tono irónico, me deseó una buena estadía en Barbadillo porque esa había sido la determinación técnica. Hasta ahí acababa su función profesional”.

Vizcarra también cuestionó la prisión preventiva ordenada el 13 de agosto, señalando que fue adoptada con argumentos infundados sobre su supuesta falta de arraigo familiar. “Han dicho que yo vivo solo, que no tengo vínculos. Es increíble, cuando tengo esposa, hija y nietos. Es un argumento sin justificación legal”, declaró.

Durante la entrevista reconoció haber cumplido con las normas de Barbadillo, limitando sus comunicaciones externas, pero consideró que las “arbitrariedades” obligan a que su caso sea conocido. Manifestó sentirse indignado por lo que describió como una “cadena de abusos”, aunque aseguró que seguirá acatando las resoluciones judiciales. “Yo acato lo que dice la justicia, así se equivoque, pero lo que está ocurriendo conmigo no tiene sentido”, afirmó.

Vizcarra reiteró que hablar públicamente sobre su situación es una respuesta a los “abusos” percibidos, pese a que eso pudiera acarrear repercusiones personales en su régimen penitenciario.