Petroperú anunció que la primera convocatoria internacional para seleccionar a la firma que realizará un análisis forense sobre la construcción y puesta en operación de la Nueva Refinería Talara (NRT) fue declarada desierta.
La empresa estatal detalló que ninguna de las empresas postoras cumplió con los requisitos técnicos mínimos exigidos, lo que impidió continuar con el proceso y obligó a lanzar una segunda convocatoria en el menor plazo posible.
Talara sin auditor forense: sobrecostos millonarios tras desmantelar antigua refinería
La auditoría, que debía comenzar en agosto de 2025 y concluir en abril de 2026, tiene como objetivo fundamental identificar responsables y esclarecer cómo el costo total del proyecto terminó superando los 6.000 millones de dólares. La magnitud de la inversión, sumada a la complejidad técnica y a los prolongados plazos de ejecución, ha generado una presión constante sobre los directivos actuales y pasados de la empresa estatal.
Un punto especialmente crítico recae sobre la gestión de Carlos Paredes Lanatta, expresidente de Petroperú hasta principios de 2020 y hoy activo crítico de la empresa. Bajo su mandato se produjo el cierre inmediato y desmantelamiento de la antigua refinería en Talara —anunciado oficialmente el 31 de diciembre de 2019—, una decisión que no solo fue polémica sino que impactó negativamente en la continuidad operativa de la compañía.
Durante la modernización, que se lanzó en 2014, Petroperú interrumpió de manera abrupta la producción nacional de combustibles, lo que abrió la puerta para que Repsol, principal competidor privado, ganara participación de mercado. Esta situación no solo vulneró su posición estratégica, sino que, en la práctica, otorgó ventajas comerciales y operativas a su rival, que actualmente mantiene operaciones clave en varias minas del país y concentra una demanda cautiva.
El legado de Paredes Lanatta en la crisis de la Nueva Refinería Talara
A la pérdida de cuota de mercado se suma la debilidad estructural de Petroperú en el segmento mayorista: sin una red propia de grifos ni canales directos de venta al consumidor, la empresa controla apenas el 30% del mercado mayorista. La difícil situación financiera se agrava frente a competidores verticalmente integrados y bajo un entorno de crisis en la gobernabilidad interna, con frecuentes cambios de directorio y debate sobre la idoneidad de los nombramientos.
La Junta General de Accionistas —integrada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— discute endurecer los requisitos para el acceso a los cargos de mayor responsabilidad y estudia la eventual venta de una participación minoritaria, manteniendo, eso sí, el control estatal por el papel que cumple la empresa regulando precios y abasteciendo regiones donde la inversión privada no es rentable.
Por tal motivo, el directorio de Petroperú, mediante el Acuerdo N° 112-2024 del 21 de noviembre de 2024, aprobó la contratación de una empresa especializada para llevar adelante la auditoría forense, bajo responsabilidad de la Gerencia de Cumplimiento, con un plazo estimado de 8 meses, pero que ahora podrían alargarse.
Petroperú y una refinería de más de US$6.000 millones bajo lupa
La refinería, que entró en operación plena en diciembre de 2023 -pero que hoy intenta ser privatizada desde distintos frentes, y que el Estado asuma la deuda-, representa la mayor obra de ingeniería industrial ejecutada en el país durante la última década. Con una capacidad de procesamiento de 95.000 barriles diarios, la instalación incorpora unidades de destilación atmosférica y al vacío, conversión catalítica, coquificación de residuos y un sistema avanzado de desulfurización, que permiten producir combustibles más limpios y ajustados a los estándares internacionales.
La estabilización operativa de la NRT, lograda en el primer trimestre de 2025, fue complementada con la reactivación de las plantas de Conchán e Iquitos. No obstante, la demora en la ejecución del proyecto y los sobrecostos registrados han colocado bajo escrutinio público la gestión de sus etapas y la toma de decisiones vinculadas al financiamiento, diseño y construcción.
Comparada con proyectos internacionales similares, Talara tuvo un periodo de arranque de 18 meses, compatible con plazos observados en complejos de alta complejidad como Dos Bocas en México (19 meses), Al Zour en Kuwait (17 meses), Lekki en Nigeria (27 meses), Reficar en Colombia (23 meses) y Elefsina en Grecia (24 meses).
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