El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se pronunció sobre el embargo de bienes promovido por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a través del conglomerado español ACS, por más de 315 millones de dólares en el marco del litigio internacional por la Línea 2 del Metro de Lima. Según explicó el titular del MTC, actualmente la ejecución del laudo arbitral permanece suspendida, mientras el Estado peruano continúa su defensa legal a nivel internacional. El ministro remarcó que la medida no retrasará las obras y enfatizó la actuación coordinada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para evitar la afectación de los recursos públicos.
El reciente embargo aprobado en Luxemburgo sobre bienes estatales de Perú —producto del laudo parcial del CIADI favorable al conglomerado ACS y su demanda por incumplimientos y sobrecostos en la Línea 2 del Metro de Lima— reavivó el debate sobre el manejo de megaproyectos y los riesgos de litigios internacionales.
Según el ministro Sandoval, mantener la perspectiva jurídica y la coordinación interinstitucional resulta esencial para enfrentar el proceso y proteger los intereses nacionales.
“Hay un laudo que está en camino y del que hubo una primera sentencia, pero que no se ajustaba a las demandas iniciales. El Ministerio de Economía y Finanzas ha apelado y ha hecho revisar y eso ha quedado suspendido y seguirá su curso jurídico. Adelantar opiniones respecto a ese tema sería interferir en las decisiones que no están en mi competencia”, declaró Sandoval ante la consulta de la prensa.
Enfatizó que la decisión de Luxemburgo no implica un embargo automático, ya que la defensa del Estado ha presentado “por conducto jurídico y legal” sus objeciones ante el tribunal ad hoc del CIADI, lo que mantiene la ejecución provisionalmente detenida.
“Se ha suspendido porque no calzan las sumas de acuerdo a las cantidades. No son las que realmente se han puesto en el laudo. Entonces el Ministerio de Economía y Finanzas ha recurrido por conducto jurídico y legal. Hay que esperar, finalmente, la sentencia”, precisó el titular de Transportes.
Los montos en disputa y la defensa peruana
El conflicto legal se origina tras la demanda presentada por ACS en 2017, alegando retrasos y sobrecostos por fallas contractuales en la ejecución de la Línea 2.
El CIADI reconoció parcialmente la demanda y fijó una indemnización de USD 456 millones más intereses, de los cuales el gobierno peruano ya ha pagado USD 106 millones y otros montos quedaron suspendidos por revisión. ACS recurrió a la justicia de Luxemburgo para ejecutar parte del laudo, basándose en el margen que ofrece esa jurisdicción para ejecutar fallos internacionales.
Ante ello, el Estado peruano presentó a inicios de 2025 una solicitud de anulación parcial del laudo por daños bajo protesta, intereses y costas, y exigió la suspensión de toda ejecución mientras dure el proceso. Una comisión ad hoc del CIADI debe resolver la solicitud antes de fin de año. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, cualquier decisión judicial que ignore la suspensión provisional infringiría tanto el Convenio CIADI como el derecho internacional.
El MEF ha intensificado la coordinación con la Procuraduría del Ministerio de Transportes, encargada de la defensa en tribunales extranjeros, y cuenta con el acompañamiento del estudio jurídico internacional Squire Patton Boggs, así como de la Comisión Especial que supervisa la estrategia legal del país.
Sin impacto en el avance de las obras
El ministro Sandoval subrayó que el litigio en curso no detendrá el avance de las obras del Metro de Lima y que el proyecto sigue adelante, porque “estas obras son las que llaman la atención al mundo y lo pone a Lima en primer nivel. Es parte del ordenamiento del transporte de Lima”
La disputa con ACS y el embargo solicitado por Florentino Pérez representan uno de los arbitrajes más importantes para Perú en la última década. El MEF ha reiterado, en comunicados recientes, su compromiso con la defensa estricta de los intereses públicos y la observancia del derecho internacional y del Convenio CIADI.
La suspensión de la ejecución del laudo seguirá vigente hasta que el tribunal arbitral se pronuncie sobre la solicitud de anulación, prevista para octubre de 2025.
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