El gobierno de Dina Boluarte tiene plazo hasta el 15 de agosto para observar o promulgar la ley del Congreso que otorga amnistía a procesados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000.
La presidenta ya dio a conocer su posición cuando respaldó la iniciativa legislativa y cuestionó el pedido de la Corte IDH para no promulgarla. En esa línea, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembur, informó que el Consejo de Ministros mostró una opinión favorable para otorgar la amnistía a los miembros del Ejército, la Policía Nacional del Perú y las rondas campesinas que hayan sido procesados por estos crímenes.
“Vamos a promulgarla. Hasta donde se ha discutido en el Consejo de Ministros y se ha conversado en el Consejo de Ministros, la ley se va a aprobar”, señaló Whittembur en una entrevista con RPP.
Respecto a los pronunciamientos contra la petición de la Corte IDH para no promulgar la nueva ley de amnistía, el funcionario remarcó que el Ejecutivo respalda el trabajo de las fuerzas del orden y que el Perú debe hacer respetar su autonomía.
“Lo que yo puedo decir es que en el Consejo de Ministros, liderado por la presidenta de la república y por el primer ministro, hay una convicción y una fortaleza, una decisión de seguir adelante en la defensa de la democracia del país. Y esta ha sido defendida, de manera muy intensa, por parte de nuestras fuerzas policiales y nuestras Fuerzas Armadas combatiendo el terrorismo”, agregó.
Cabe señalar que el ministro de Educación, Morgan Quero, también adelantó que en pocos días el Ejecutivo promulgaría la nueva ley de amnistía.
“Seguramente, la norma se promulgará en los próximos días y, por supuesto, afirmando nuestra soberanía frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, declaró en RPP.
Comisión para evaluar salida de la Corte IDH
Tras el requerimiento de la Corte IDH para detener la promulgación de la ley que otorga amnistía a procesados por violaciones a los derechos humanos, el Ejecutivo levantó su voz de protesta, alegando una “injerencia” del tribunal en asuntos internos.
En esa línea, el ministro de Relaciones Exteriores informó que se conformará una comisión para evaluar la permanencia del Perú en la Corte IDH.
“Estamos trabajando a marcha forzada para constituir esta comisión. No solo participarán el Ministerio de Justicia y la Cancillería, sino también actores sociales, civiles y académicos”, declaró. Asimismo, aclaró que se consultará a distintos expertos en la materia. “La idea es consultar a todos. No se tomará una decisión unilateral”.
La idea de denunciar el Pacto de San José y retirar al país de la jurisdicción de la Corte Interamericana no es reciente. En su discurso ante el Congreso, al solicitar el voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ya había adelantado que el Ejecutivo evaluaría si el Perú debía seguir formando parte del sistema interamericano.
Desde 2024, el Ministerio de Justicia ha venido desarrollando asambleas regionales donde se debate la aplicación de la pena de muerte y un eventual retiro de la Corte.
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