Durante tres días, más de 90 defensores y defensoras de derechos humanos y del ambiente se reunieron en Lima para denunciar amenazas, asesinatos y abandono estatal. En un pronunciamiento conjunto, acusan al Estado de ser “un agresor” y exigen una agenda urgente de protección para sus vidas y territorios.
Del 7 al 9 de julio, líderes de comunidades indígenas, campesinas y costeras de más de 20 regiones participaron del III Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras del Perú, donde alertaron sobre el aumento de la violencia, la criminalización judicial y el avance de economías ilegales que destruyen sus territorios con aparente complicidad estatal.
En su pronunciamiento final, titulado con la consigna “¡Perú, te quiero, por eso te defiendo!”, los asistentes acusan que “el Perú ya no es solo un Estado fallido, es un Estado capturado por grupos de poder económicos y políticos, y mafias criminales que han tomado las instituciones públicas para asegurar su impunidad y continuar saqueando nuestros recursos”.
“Simula proteger mientras se nos asesina”: denuncian abandono e impunidad
La situación de riesgo que enfrentan los defensores se encuentra documentada por diversas fuentes. Según la organización Global Witness, Perú ocupa el sexto lugar más peligroso del mundo para defensores ambientales, con más de 50 asesinatos en la última década. La Defensoría del Pueblo registró 39 casos de afectaciones en el primer semestre de 2024, incluyendo amenazas, violencia física y hostigamiento judicial.
Estas cifras no son aisladas. En el pronunciamiento oficial, los participantes aseguran que “el Mecanismo de Protección para defensores y defensoras es hoy un cascarón, vacío, sin presupuesto, sin participación efectiva y sin voluntad”. Y acusan directamente al Estado de dejar de proteger para convertirse en perseguidor: “Simula proteger mientras se nos asesina, criminaliza y somete a procesos judiciales injustos”.
Uno de los pedidos más urgentes es el cese inmediato de la criminalización contra defensoras y defensores, así como sanciones a funcionarios, policías, jueces y fiscales “responsables o cómplices”. También exigen “proteger la independencia judicial y fiscal para evitar que caiga en manos de mafias”.
En regiones como Ucayali, Madre de Dios y Amazonas, al menos 226 defensores están en situación de riesgo, según cifras recopiladas por organizaciones aliadas del evento. Las amenazas provienen, en su mayoría, del avance de la minería informal, el narcotráfico y la tala ilegal, que operan en contextos de débil presencia estatal.
“Esta guerra contra la vida y la democracia se libra en todos nuestros territorios”
El documento también pone énfasis en cómo esta violencia se distribuye en todo el país. En la Amazonía, señalan que “más de 35 líderes indígenas han sido asesinados con total impunidad”, mientras el abandono del Estado permite el avance de economías criminales en territorios de pueblos como los Asháninka, Shipibo-Konibo, Awajún, Kukama Kukamiria, Wampis y otros.
En los Andes, las comunidades enfrentan la expansión minera, el uso de la fuerza, la persecución legal y la contaminación. “El envenenamiento por metales pesados destruye la agrobiodiversidad, contamina la sangre de nuestras niñas y niños y amenaza nuestras fuentes de agua”, afirmaron. Casos como los de Las Bambas, Espinar, Conga, Apumayo o Chumbivilcas muestran el nivel de conflictividad, con comuneros procesados y asesinados.
En la costa, las economías ancestrales también están bajo amenaza. “Nuestros modos de vida están siendo exterminados”, sentencian. Denuncian los impactos de derrames de petróleo, pasivos ambientales, y megaproyectos como Tía María o el Puerto de Chancay, que según afirman, fueron impuestos “con desprecio por nuestros territorios”. La contaminación de Lobitos es citada como un símbolo del “sacrificio del mar y los valles agrícolas fértiles”.
Entre las principales normas cuestionadas, los defensores exigen la derogatoria inmediata del Reinfo, la ley antiforestal, la llamada ley de despojo territorial y la nueva Ley APCI, a la que califican como una “ley contra la justicia y contra los derechos fundamentales”.
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