La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó una resolución que ordena al Estado peruano garantizar que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos continúen representadas por las organizaciones que las acompañan, sin temor a represalias que podrían derivar de la Ley APCI, aprobada por el Congreso de la República. Según el tribunal internacional, la sola posibilidad de sanción constituye una violación del artículo 53 del Reglamento de la Corte y del derecho de las víctimas a elegir libremente a su defensa en función de la confianza y la capacidad técnica.
La resolución se enmarca en las medidas provisionales solicitadas por la Asociación pro Derechos Humanos (APRODEH) y Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) en el Caso Gamboa García Vs. Perú, presentadas el 7 de abril. En ese pedido, ambas organizaciones advirtieron que el entonces proyecto de ley generaba una situación de extrema gravedad y urgencia, ya que sus disposiciones podían menoscabar el derecho de las víctimas a acceder a la justicia.
La Corte IDH consideró que la aplicación de la Ley APCI a las organizaciones representantes supondría una forma indirecta de represalia, prohibida por el artículo 53 de su reglamento, y afectaría el derecho a la defensa de las víctimas. El tribunal recordó que este derecho incluye la garantía de ser asistido por un defensor de elección propia, y que la eventual imposición de sanciones podría disuadir a las organizaciones de continuar defendiendo los intereses de las víctimas.
Perú restringe libertad de asociación
Más de 300 periodistas, editores y organizaciones internacionales han suscrito una declaración conjunta en la que denuncian que el Ejecutivo, a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), puede impedir el desarrollo de iniciativas periodísticas o de investigación, e incluso prohíbe que los recursos de cooperación se destinen a iniciar acciones legales contra el Estado, incluidas aquellas relacionadas con el acceso a información pública, una herramienta esencial para el periodismo de investigación.
En este contexto, el informe Curtailing Civic Space: Tightening Restrictions on Civil Society in the Americas, elaborado por el Washington Office on Latin America (WOLA), advierte que Perú se ha sumado a países como Venezuela y Paraguay en la lista de naciones que restringen activamente la libertad de asociación. El documento, publicado por el centro de análisis con sede en Washington D. C., sostiene que el gobierno peruano ha implementado normas que “dificultan, si no imposibilitan” el trabajo de organizaciones civiles, acercando su marco legal al de regímenes como los de Rusia y Nicaragua.
Las autoras del informe, Maureen Meyer y Corie Welch, afirman que el gobierno de Perú ha aprobado leyes diseñadas para obstaculizar, e incluso impedir, la operación de organizaciones de derechos humanos y otras entidades de la sociedad civil. Según el análisis de WOLA, esta tendencia forma parte de un fenómeno regional en el que los gobiernos “están actuando agresivamente para restringir el espacio cívico a través de cambios regulatorios y legislación”. El estudio identifica patrones comunes en el uso de herramientas legales como mecanismo de represión, y compara directamente el caso peruano con los de Venezuela y El Salvador, donde el control político se ejerce mediante la represión legal.
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