
Una iniciativa presentada por el congresista José Luna Gálvez plantea incorporar la categoría de "evidencia digital" en el Código Procesal Penal peruano, estableciendo criterios legales para su obtención, preservación y uso durante investigaciones judiciales.
El proyecto de ley, registrado bajo el número 11815/2024-CR, responde ría a la inexistencia de una norma procesal específica que estandarice el tratamiento de este tipo de pruebas.
Actualmente, en el Perú no hay una regulación que asegure la originalidad e integridad de las pruebas digitales durante su manipulación. Según un documento emitido por la Procuraduría, esta carencia se suma a la “falta de tecnología adecuada, demoras en pericias informáticas y escasa formación técnica de policías, fiscales y jueces”. Estas deficiencias pueden afectar la validez de pruebas en casos que involucren delitos informáticos, corrupción, violencia de género, crimen organizado o acoso en línea.

Propuesta busca llenar un vacío legal
El texto legislativo plantea modificar el artículo 113 del Código Procesal Penal con el fin de reconocer expresamente a la evidencia digital como una categoría válida de prueba. Además, se establece que las autoridades competentes deben documentar todas las intervenciones realizadas sobre esta clase de evidencia.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la obligación de registrar de manera detallada cada paso efectuado durante el manejo de una prueba digital. Esto incluye la identificación, aseguramiento, extracción, almacenamiento y análisis de datos electrónicos.
También se deberá especificar qué tipo de hardware y software se usó, los dispositivos involucrados, los mecanismos empleados para garantizar su integridad, como el uso de código hash, y la identidad de los funcionarios responsables de cada fase.

La propuesta subraya que solo se considerarán válidas aquellas pruebas que puedan ser rastreadas hasta su fuente de origen y cuya autenticidad pueda ser verificada de forma técnica.
El proyecto busca generar garantías tanto para la defensa como para la fiscalía, asegurando que las pruebas digitales sean verificables y válidas durante un juicio. Aún no se enumeran explícitamente los tipos de archivos o plataformas que serían considerados como evidencia, pero la propuesta podría abrir paso a que las pruebas digitales tengan una base legal más sólida en el sistema penal peruano.
¿Por qué es necesaria una norma sobre evidencia digital?
El avance de la tecnología ha cambiado radicalmente la forma en que se cometen delitos, y con ello, la forma en que deben ser investigados. Sin embargo, Perú aún no cuenta con estándares técnicos o protocolos legales que aseguren la fiabilidad de la información obtenida de soportes digitales, así da cuenta un artículo publicado por la Procuraduría General del Estado.

Esto implica que muchas veces las pruebas electrónicas pueden ser cuestionadas en los tribunales debido a vacíos legales en su recolección o manipulación.
De aprobarse este proyecto de ley, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional estarían obligados a seguir procedimientos para asegurar que las pruebas digitales no sean alteradas o contaminadas.
La propuesta presentada por el congresista José Luna Gálvez aún debe ser evaluada en las comisiones correspondientes antes de llegar al Pleno del Congreso.
Entre los argumentos del proyecto de ley incorporación formal de la evidencia digital en el Código Procesal Penal también respondería a una demanda jurídica en crecimiento, dada la cantidad de delitos que actualmente se cometen o prueban a través de medios electrónicos.
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