El abogado del exministro del Interior Juan José Santiváñez informó que no participará en la diligencia de transcripción del registro de audio entregado por el capitán PNP Junior Izquierdo, en el marco de una investigación por presunto abuso de autoridad. La grabación fue realizada en mayo de 2024 durante una conversación entre ambos en un restaurante de San Borja, y su contenido comprometería a Santiváñez en decisiones irregulares que involucran a la Policía Nacional.
Pese a que el Poder Judicial aprobó una ampliación de 90 días para que el Ministerio Público realice el análisis técnico del audio, la defensa legal de Santiváñez sostiene que el plazo de investigación ya está vencido. Esta decisión ha sido calificada por fuentes fiscales como una maniobra para impedir el avance del proceso, en el que se investiga también un presunto intento de proteger al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y la desactivación de áreas claves dentro de la PNP como la Diviac.
Audio bajo investigación judicial
La diligencia en cuestión corresponde a la transcripción y revisión de un archivo de 2 horas y 13 minutos, registrado por el oficial Junior Izquierdo, quien se presentó ante la fiscalía con el dispositivo original. El contenido de ese audio incluiría conversaciones con Santiváñez sobre decisiones operativas de alto nivel en la Policía, así como posibles coordinaciones para afectar a unidades especializadas como la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad.
Dicho registro, según declaró el propio Izquierdo, fue grabado el 21 de mayo de 2024 en un establecimiento ubicado en San Borja. A raíz de su contenido, el Ministerio Público solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones, lo que fue autorizado el pasado 31 de mayo por el Poder Judicial. Esta medida fue acompañada por una ampliación formal del plazo de investigación, que ahora alcanza los 90 días adicionales.
Estrategia legal de la defensa
Pese a la vigencia de la resolución judicial, la defensa de Santiváñez ha reiterado que no reconocerá la legalidad del nuevo plazo. A través de un documento dirigido al Área de Enriquecimiento Ilícito del Ministerio Público, el abogado del exministro sostuvo que no existe justificación válida para prolongar la indagación. También presentó un recurso de control de plazo, previamente declarado infundado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
La negativa de la defensa ha generado críticas desde el entorno fiscal. Para el equipo a cargo del caso, la ausencia de Santiváñez o de su representante no impide el desarrollo de la diligencia. El fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza Salvador indicó que se continuará con el procedimiento de impresión y análisis del audio sin necesidad de la presencia de los abogados del exministro, ya que existe una orden vigente que autoriza esta medida.
Audios comprometedores
Las declaraciones del capitán Izquierdo y el contenido del material entregado podrían complicar la situación de Santiváñez. En el audio se mencionarían temas delicados, entre ellos la presunta protección a Vladimir Cerrón, hoy prófugo de la justicia, y referencias a operaciones que habrían debilitado el trabajo de la Diviac, unidad especializada en investigar corrupción en altos niveles del Estado.
El exministro, actualmente designado como funcionario de confianza en el Despacho Presidencial, también es señalado por haber influido en acciones irregulares como el allanamiento a una oficina del entonces ministro Víctor Torres. La información recogida en el dispositivo entregado por Izquierdo podría aportar evidencia sobre cómo se habría estructurado esa intervención y si existieron coordinaciones al margen de la ley.
Avance de la investigación
A pesar del rechazo de la defensa, la fiscalía ha asegurado que el proceso continuará conforme a ley. El dispositivo de grabación ya se encuentra bajo custodia fiscal, y se espera que un equipo técnico realice la transcripción oficial en los próximos días. La fiscalía ha solicitado también la validación pericial del audio para establecer su autenticidad y determinar si contiene elementos suficientes para formalizar una acusación.
Por el momento, el Poder Judicial mantiene firme su decisión de ampliar el plazo de investigación. El Ministerio Público evalúa incorporar nuevos elementos al caso, y no se descarta que el contenido del audio active otras líneas de indagación que involucren a funcionarios del actual Gobierno o a estructuras políticas vinculadas a Perú Libre.
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