Fiscalía y Defensoría del Pueblo investigan presunta agresión y tortura a soldado del Ejército en Iquitos

Durante la celebración de la Fiesta de San Juan, una de las fechas más emblemáticas en la Amazonía peruana, un hecho de violencia militar interna conmocionó a la población de Iquitos. Ledwin Alfredo Gómez Pipa, un cabo del Ejército Peruano de 19 años, denunció haber sido golpeado y encerrado por dos suboficiales de su misma institución. Según su testimonio, el ataque ocurrió el pasado 24 de junio, luego de que sus superiores llegaran a su vivienda con el supuesto fin de trasladarlo a la base militar Alfredo Vargas Guerra, en la región Loreto.

Sin embargo, en lugar de llevarlo a la instalación oficial, lo condujeron a una casa particular ubicada en el sector Castilla, cerca de la calle Bermúdez, donde fue agredido física y psicológicamente. El joven logró comunicarse con su familia gracias a un celular que pidió prestado, alertando así a sus padres, quienes acudieron de inmediato al lugar para rescatarlo. Tras la agresión, los presuntos responsables habrían huido con dirección a Colonia Angamos, zona fronteriza con Brasil.

El soldado Ledwin Gómez se encuentra actualmente bajo resguardo familiar, y su estado de salud es monitoreado debido a los fuertes hematomas sufridos durante la agresión. La familia exige justicia y advierte que hechos como este no deben repetirse dentro de las fuerzas armadas del Perú, donde jóvenes ingresan con vocación de servicio, pero terminan siendo víctimas de maltratos. Las diligencias continúan en Iquitos, mientras se espera la ubicación de los militares implicados.

Fiscalía inicia diligencias por presunto delito de tortura contra el cabo Gómez

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por el delito de tortura en agravio de Ledwin Gómez, tras conocerse la denuncia. Las diligencias están a cargo de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Loreto, que activó su intervención oficial en el caso. El fiscal provincial Alexander Espinoza se trasladó personalmente a las instalaciones de la V División del Ejército del Perú, con sede en Iquitos, para iniciar la recolección de información y verificar el estado del personal implicado.

La fiscalía ha informado que estas diligencias permitirán determinar la responsabilidad penal de los presuntos agresores, quienes, según versiones preliminares, serían dos suboficiales del Ejército. La entidad también solicitó colaboración a los mandos militares para facilitar el acceso a documentación e información relevante que permita identificar a los involucrados y evitar cualquier intento de encubrimiento institucional.

Ell Ministerio Público informó: “Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Loreto inició diligencias preliminares contra los que resulten responsables del delito de tortura en agravio Ledwin Gómez (19), cabo del Ejército Peruano, quien habría sido agredido por militares en Iquitos. El fiscal provincial Alexander Espinoza se trasladó junto a representantes de la Defensoría del Pueblo a la V División del Ejército del Perú, con sede en Iquitos, para realizar las primeras diligencias como parte de la investigación.”

Defensoría del Pueblo exige sanción inmediata a militares implicados

La Defensoría del Pueblo, por su parte, también ha asumido un rol activo en el seguimiento del caso. La tarde del domingo 29 de junio, personal de la oficina de Loreto se presentó en la Comandancia General de la V División del Ejército, desde donde solicitó un informe detallado sobre la situación del cabo Gómez. Además, la entidad ofició formalmente al alto mando del Ejército exigiendo la identificación, investigación y sanción de los responsables de la agresión.

Según informaron representantes de la Defensoría, el caso será monitoreado de manera constante, en cumplimiento de su mandato de protección de derechos fundamentales. La institución también ha expresado su preocupación por la persistencia de abusos dentro de las fuerzas armadas, especialmente contra personal joven en zonas alejadas como la Amazonía. Se espera que el Ejército coopere con las entidades competentes para garantizar la transparencia y celeridad en las investigaciones.