Advierten irregularidades en peritaje del Ministerio Público que validó firmas de Dina Boluarte: No analizó decretos cuestionados

La investigación sobre las cirugías estéticas de Dina Boluarte y la presunta suplantación de sus funciones afrontó un nuevo giro con la publicación del informe pericial ordenado por el Ministerio Público que buscaba validar la autenticidad de sus firmas en decretos y resoluciones. El resultado fue favorable para la mandataria, hecho que fue celebrado por su defensa Juan Carlos Portugal a través de redes sociales. Sin embargo, la revisión del procedimiento, al que accedió Hildebrandt en sus trece, ha puesto en cuestión la seriedad del análisis.

El perito grafotécnico José Daniel Huapaya Verástegui, encargado del estudio, fue contratado por la Fiscalía de la Nación el 31 de enero de este año. Su tarea, en principio, era analizar la rúbrica de Boluarte en 91 normas oficiales emitidas entre el 26 de junio y el 10 de julio de 2023, periodo en que la presidenta enfrentó una cirugía estética que le impidió desenvolverse con normalidad. El informe debía servir de base para determinar si existió o no la suplantación de la firma en decretos expedidos cuando supuestamente ella no podía suscribirlos.

Durante dos meses, Huapaya y un equipo de fiscales recopilaron los originales de las normas cuestionadas, visitando ministerios y la Presidencia del Consejo de Ministros. Según el mismo equipo fiscal, la investigación apuntaba a tres delitos: abandono de cargo, omisión de funciones y falsedad genérica, siendo este último el que conlleva mayor pena de cárcel.

El documento final, lejos de disipar las dudas, generó más interrogantes. El informe, que debió entregarse el 30 de abril, fue finalmente presentado el 23 de mayo, ocho días después de que la acusación constitucional del “caso cirugías” llegara al Congreso. La demora en la entrega fue determinante. De acuerdo a fuentes del medio citado, debido a esa tardanza, la Fiscalía de la Nación solo incluyó los delitos de abandono del cargo y omisión de funciones, quedando excluida la falsedad genérica de la denuncia constitucional.

Al analizar el contenido, los fiscales observaron que el perito no revisó la totalidad de los documentos solicitados. De los 91 decretos y resoluciones que debía analizar, solo incluyó 54 en su examen. Además, empleó un método “aleatorio” para seleccionar apenas 12 de esas normas legales, de las cuales cinco correspondían al 28 de junio de 2023, cinco al 4 de julio y dos al 8 de julio de ese mismo año. Es decir, se omitió la revisión de los decretos suscritos el 29 de junio, jornada clave en la investigación, puesto que ese día Boluarte se habría encontrado imposibilitada de firmar, recuperándose de una cirugía.

En conclusión, no se evaluaron aquellas normas en las que la autenticidad había sido formalmente objetada en el marco del proceso fiscal. En su lugar, tomó como referencia 294 documentos adicionales, actas, fichas y declaraciones, en los que nunca existió controversia respecto a la autoría de las firmas de Boluarte.

Una fuente del Ministerio Público criticó esta selección. Indicó que el 28 de junio la presidenta estuvo en Palacio de Gobierno y entró al quirófano recién esa noche, mientras el 4 de julio ya había retornado a su domicilio tras la intervención. La exclusión del 29 de junio resulta especialmente relevante, dado que el propio cirujano Mario Cabani y la secretaria de Boluarte, Patricia Muriano, confirmaron que ese día la mandataria permanecía en recuperación, con los ojos vendados y confinada a una habitación a oscuras.

Las deficiencias técnicas motivaron la indignación en el Ministerio Público. De acuerdo al reportaje, se evalúa la posibilidad de que Huapaya hubiera sido contactado por el círculo de Boluarte para confeccionar un peritaje que evitara la imputación por falsedad genérica, debilitando así la acusación constitucional contra la mandataria. Asimismo, el despacho del fiscal Hernán Mendoza Salvador analiza solicitar sanciones contra el perito, ante las evidencias de un trabajo incompleto.

Consultado por el semanario, el perito eludió pronunciarse sobre las omisiones señaladas y se limitó a responder que su participación “ha sido respecto a lo que la misma Fiscalía solicitó”.