JNJ niega reglaje denunciado por Francisco Távara y responde a polémica restitución de Patricia Benavides

El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, emitió una respuesta oficial este jueves a las declaraciones del magistrado Francisco Távara, quien denunció haber sido objeto de “reglaje” por parte de la alta dirección del organismo y cuestionó la legalidad de la resolución que restituyó a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación.

A través de un pronunciamiento, el máximo órgano de la Judicatura rechazó las acusaciones de uno de sus miembros y afirmó que “ni la Presidencia ni la Vicepresidencia tienen competencia alguna en la designación del personal auxiliar asignado a los miembros del Pleno”, como asesores o choferes. “Tales decisiones corresponden exclusivamente al propio miembro y a las áreas administrativas responsables”, señaló.

La JNJ precisó que la elección de sus actuales autoridades se realizó el pasado 6 de enero, y que Távara se negó a firmar el acta correspondiente, a pesar de que reflejaba lo sucedido en la sesión. “Resulta carente de sentido democrático que, cinco meses después, señale que haber perdido dicha elección fue un acto hostil en su contra”, indicó.

Respecto a la resolución que ordenó la restitución de Benavides, Ríos Patio señaló que “representa el voto unánime de los miembros que estuvieron presentes” en la audiencia, por lo que consideró “incorrecto” que el magistrado afirmara que la resolución debió ser firmada por todos los miembros.

Especialistas legales consideran, sin embargo, que esta restitución vulnera la autonomía del Ministerio Público, ya que, según la Constitución, solo la Junta de Fiscales Supremos puede designar a su máxima autoridad.

En diálogo con la prensa días atrás, Távara también mencionó que, en febrero pasado, el presidente de la JNJ solicitó a la Fiscalía de la Nación información sobre una carpeta fiscal en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la cual fue archivada, y afirmó que esta acción tuvo el propósito de vacarlo.

No obstante, la JNJ aclaró que “la solicitud de información sobre el estado de la carpeta fiscal (...) obedeció a la comunicación efectuada por un ciudadano denunciante (...) con la finalidad de que no afecte la imagen de la Junta Nacional de Justicia; y no a un interés por vacarlo”.

Finalmente, organismo exhortó al magistrado a “opinar con responsabilidad, evitando expresiones que induzcan al error público” y “que puedan erosionar la confianza ciudadana en una institución cuya naturaleza constitucional exige el más alto estándar de probidad, legalidad y respeto mutuo”.

“La crítica es legítima en un Estado democrático, pero debe fundarse en la verdad, el debido proceso y los canales institucionales. La Junta Nacional de Justicia reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa irrestricta de los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como con la garantía del principio de unidad institucional”, concluyó la misiva.

Denuncias cruzadas

Espinoza, ratificada por la Junta de Fiscales Supremos, ha presentado una denuncia penal contra Benavides por haber llegado el último lunes hasta la sede principal del Ministerio Público para intentar retomar el cargo acompañada por un numeroso grupo de guardias de seguridad y sin solicitar una audiencia de manera formal.

En diálogo con Canal N, la magistrada desmintió que exista una crisis o pugna de poderes dentro de la institución que dirige y aseguró que el episodio protagonizado por su antecesora ya fue superado. “No existe (...) ni incertidumbre o desconcierto, ni caos institucional. Lo que ocurrió el día lunes se superó, es una defensa institucional y no hemos dejado de trabajar. No se ha paralizado el trabajo en el Ministerio Público. Estamos trabajando y para trabajar no hay horarios”, afirmó.

Posteriormente, la bancada de Renovación Popular presentó una acusación constitucional contra Espinoza por la presunta comisión de los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y usurpación de funciones.

El documento, dirigido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, solicita su inhabilitación por un periodo de diez años para ejercer cargos públicos. La acusación también incluye a otros tres miembros de la Junta de Fiscales Supremos, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Jorge Villena, para quienes el grupo parlamentario requiere la misma sanción.