El Poder Judicial desestimó la solicitud de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para adelantar la audiencia en la que se evaluará el pedido para suspender por 36 meses a la extitular del Ministerio Público Patricia Benavides. Así, está se llevará a cabo inevitablemente el próximo martes 24 de junio.
Espinoza solicitó al Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria que se prescinda del plazo de tres días para que Benavides responda el requerimiento y, en su lugar, se reprograme la audiencia para una fecha más próxima. Ello, dice, para “prevenir de manera eficaz la continuidad” y evitar la eventual “reiteración de presuntos actos delictivos o la comisión de conductas tendientes a obstaculizar el proceso penal”. Todo esto en el contexto en el que Benavides pretende retornar como fiscal de la Nación amparándose en una ilegal resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Sin embargo, el Juzgado no aceptó el pedido de la fiscal de la Nación debido a que la audiencia no puede realizarse sin antes haber dado el tiempo necesario a la defensa de Benavides para que pueda elaborar los argumentos para defenderse.
“En atención a las especiales circunstancias del caso, la fecha de la audiencia programada resultaba la más próxima dentro de los parámetros procesales pertinentes (...); todo ello a efectos de resguardar los derechos de las partes, evitar solicitudes dilatorias y nulidades procesales”, se lee en la resolución a la que accedió Infobae.
Por ello, el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria no acepta lo solicitado por Delia Espinoza y reafirma que la audiencia se llevará a cabo el martes 24 de junio a las 2:30 de la tarde.
El caso
Delia Espinoza ha solicitado al Poder Judicial la suspensión de Patricia Benavides por un período de 36 meses. Esta medida se enmarca en una investigación contra la exfiscal de la Nación por presuntamente haber utilizado su posición como cabeza del Ministerio Público para interferir en pesquisas del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
El pedido de suspensión fue presentado por Espinoza el 11 de junio, pero no se había fijado una fecha para la audiencia hasta el 16 de junio, cuando Benavides intentó retomar el cargo a la fuerza. Este hecho llevó a Espinoza a insistir en la urgencia de la medida, argumentando que la ilegal resolución de la JNJ pretende la reposición de la exfiscal de la Nación, usurpando funciones de la Junta de Fiscales Supremos. Espinoza subrayó la necesidad de actuar rápidamente para proteger la legalidad y evitar que los riesgos que busca prevenir la suspensión se materialicen.
La solicitud apunta a apartar a Patricia Benavides del Ministerio Público para impedir que obstaculice las investigaciones en curso o incurra en nuevos ilícitos. Según el planteamiento fiscal, si Benavides regresara al cargo, tendría la capacidad de nombrar y destituir fiscales a su discreción, designar personal de confianza y participar en decisiones clave, como la elección del representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, lo que le permitiría extender sus aparentes influencias ilícitas.
Espinoza basa su solicitud en antecedentes de Benavides, como la destitución injustificada de la fiscal Bersabeth Revilla, el nombramiento de Jaime Villanueva y Miguel Girao en cargos estratégicos, así como maniobras para influir en el Congreso y en la Corte Superior de Lima, incluyendo presiones sobre la exjuez Jacqueline Tarrillo Meneses.
En esta investigación se le imputan cinco hechos específicos relacionados con la obstrucción de las investigaciones del Equipo Especial Cuellos Blancos y de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Estas acciones habrían buscado entorpecer las pesquisas contra José Luis Castillo Alva y personas cercanas a él.
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