La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso enviar al Congreso una copia de la resolución con la que se pretende reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. ¿Con que objetivo? Que se inicie una persecución contra los exconsejeros por la destitución de la extitular del Ministerio Público. Estos son: Aldo Vásquez, Inés Tello, Antonio de la Haza, Imelda Tumialán, Guillermo Thornberry, María Zavala y Marco Tulio Falconí.
Esto se desprende del punto resolutivo quinto de la resolución: “Se oficie al Congreso de la República con copia de la presente resolución respecto a la actuación de los miembros anteriores de la JNJ que conocieron de este procedimiento disciplinario, por los fundamentos expuestos en el presente informe a fin que procedan conforme a sus atribuciones”.
“Que procedan conforme sus atribuciones” es una solicitud implícita para que el Parlamento o cree una comisión investigadora o inicie un proceso de acusación constitucional con miras de sancionar políticamente a los exmiembros de la JNJ con una inhabilitación de hasta por 10 años. Considerando la animadversión del sector que domina el Congreso contra los exconsejeros, es más probable el segundo escenario.
Como se recuerda, desde el Parlamento se promovieron distintas iniciativas para deshacerse de los entonces integrantes de la Junta. Desde una “investigación sumaria” a cargo de la Comisión de Justicia para removerlos por supuesta “causa grave” hasta una acusación constitucional para inhabilitarlo por 10 años por la permanencia de Inés Tello tras cumplir 75 años.
La “investigación sumaria” fue anulada por el Poder Judicial debido a que las garantías constitucionales de los exmiembros de la JNJ fueron vulneradas.
Sobre la acusación constitucional, el Pleno del Congreso solo logró inhabilitar a Aldo Vásquez e Inés Tello. Sin embargo, dichas sanciones fueron luego declaradas inaplicables por el Poder Judicial.
Los motivos
El motivo de la nueva JNJ para pedir al Congreso que “proceda” contra los exconsejeros es haber avalado las supuestas arbitrariedades cometidas por Inés Tello en el informe donde propuso la destitución de Patricia Benavides por remover injustificadamente y dar un trato degradante a Bersabeth Revilla.
La JNJ le da la razón en todo a Benavides y sostiene que Tello “aceleró inusitadamente el plazo de instrucción, desacumuló el procedimiento disciplinario con fundamento normativo inidóneo, firmó el informe de instrucción durante el proceso de votación en el Congreso de la República, corrigió dicho informe cuando ya no tenía competencia debido a la inhabilitación, y trató la prueba con criterios asimétricos”.
Estas acciones, dicen, evidencian una “flagrante vulneración al principio de imparcialidad” y fueron “consentidas” por los colegas de Inés Tello “a pesar de la notoriedad de los vicios antes mencionados”.
“Dicho Informe de Instrucción es el soporte esencial de la Resolución N.° 089-2024-PLENO-JNJ (que destituye a Patricia Benavides), por tanto, al haber sido emitido por un miembro instructor carente de imparcialidad, priva de validez a la decisión final y lesiona tanto el interés público —por la trascendencia de la sanción de destitución— como los derechos de defensa e imparcialidad", se lee en el documento.
La decisión de anular la destitución de Patricia Benavides y pretender reponerla como fiscal de la Nación, dice la nueva JNJ, “restablece la juridicidad quebrantada, reivindica la confianza pública en su función disciplinaria y honra el principio de imparcialidad que la Constitución y la Ley del Procedimiento Administrativo General erigen en condición esencial de validez de todo acto administrativo”.
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