El Congreso de la República aprobó este miércoles 11 de junio el proyecto de resolución legislativa que inhabilita por diez años al expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo, impidiéndole ejercer funciones públicas durante ese tiempo. La resolución fue respaldada por 67 votos a favor, 11 en contra y tres abstenciones.
Esta decisión está vinculada a una infracción al artículo 134 de la Constitución Política del Estado, relacionada con el caso del cierre del Congreso en 2019.
No obstante, esta no es la primera vez que Vizcarra enfrenta una inhabilitación. Durante su gestión como presidente, también fue inhabilitado por el escándalo de Vacunagate, y anteriormente, cuando se desempeñó como ministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
El proceso de inhabilitación de Vizcarra comenzó a tomar fuerza luego de que, en mayo pasado, la votación inicial no procediera. No obstante, se presentaron dos reconsideraciones que, finalmente, fueron aprobadas por los congresistas Jorge Montoya y Noelia Herrera, de los grupos Honor y Democracia y Renovación Popular, respectivamente.
¿Cuáles son las otras inhabilitaciones contra Martín Vizcarra?
Martín Vizcarra suma tres inhabilitaciones vigentes. La primera, dictada en abril de 2021, lo inhabilita por un plazo de 10 años debido a su vacunación en secreto durante la pandemia del COVID-19, en el caso ‘Vacunagate’. Esta sanción fue impuesta luego de que se conociera que Vizcarra había recibido la vacuna de manera irregular, lo que generó un gran escándalo en el país.
La segunda inhabilitación, emitida en mayo de 2022, es por un periodo de cinco años. Esta sanción está relacionada con presuntos vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). La acusación sugiere que Vizcarra favoreció a ciertas empresas mientras ocupaba ese cargo público, lo que derivó en la inhabilitación por parte de las autoridades competentes.
El Pleno del Congreso aprobó con 67 votos a favor, la tercera inhabilitación contra Martín Vizcarra, esta vez por 10 años, debido a su participación en el cierre del Congreso en 2019. La disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones fueron considerados actos inconstitucionales, al vulnerar la separación de poderes y los principios democráticos.
Se salvó de la inhabilitación en mayo
Como se recuerda, a inicios de mayo pasado, el Congreso sometió a votación la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra. Sin embargo, en esa ocasión, solo se alcanzaron 61 votos a favor, 12 en contra y 8 abstenciones. En una entrevista con Canal N, Vizcarra señaló que la razón por la que no se lograron los votos necesarios fue que la mayoría de los parlamentarios se ausentaron, aprovechando el feriado largo por el Día del Trabajo.
“Estoy seguro que si no se hubieran ido de vacaciones muchos congresistas, sí se habrían alcanzado los votos. Este Congreso no me quiere, y la gran mayoría tiene toda la voluntad de eliminarme políticamente”, declaró el exmandatario.
Desafiliado de Perú Primero
El 6 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la desafiliación del expresidente Martín Vizcarra del partido político Perú Primero, al declarar infundado el recurso de apelación presentado por la organización política. Esta decisión fue tomada por el pleno del JNE durante una audiencia pública celebrada el mismo día.
La medida que ratifica la desafiliación de Vizcarra se basa en las resoluciones legislativas N° 020-2020-2021-CR y N° 016-2021-2022-CR, emitidas en abril de 2021 y mayo de 2022, respectivamente, que inhabilitaron al exmandatario para ocupar cargos públicos. En ejecución de estas resoluciones, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del JNE formalizó la desafiliación de Vizcarra de Perú Primero en abril de este año.
En respuesta, el partido Perú Primero presentó un recurso de apelación ante el JNE, con el objetivo de revertir la decisión. La agrupación política argumentó que la inhabilitación de Vizcarra debería ser limitada a su ejercicio de funciones públicas y no afectar su derecho a la participación política como militante, considerando que la sanción estaba relacionada con su ejercicio en cargos públicos y no con su afiliación a un partido. Sin embargo, el JNE desestimó este argumento y confirmó la desafiliación.
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