La Defensoría del Pueblo denunció que diversas municipalidades de Lima continúan imponiendo multas y remolcando vehículos mal estacionados a pesar de un fallo emitido por el Tribunal Constitucional (TC), que determinó que estas acciones no son competencia de las autoridades distritales. La sentencia, que fue dictada en respuesta a una demanda interpuesta por la propia Defensoría en febrero de 2023, establece que la potestad para reglamentar las infracciones de tránsito y utilizar grúas recae exclusivamente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Policía Nacional del Perú (PNP).
El fallo del TC es claro en cuanto a que las municipalidades no tienen facultades para remolcar vehículos con grúas por estacionamiento indebido. Este pronunciamiento tiene como objetivo evitar la duplicación de competencias y la posible generación de ingresos ilegales por parte de las municipales.
El Tribunal advirtió que, en caso de que las autoridades municipales insistan en aplicar este tipo de sanciones, podrían ser denunciadas por desacato, lo que conllevaría consecuencias legales que incluyen, entre otras, la destitución de los funcionarios responsables, según el Código Procesal Constitucional.
Persistencia de las prácticas ilegales
A pesar de la claridad del fallo, muchas municipalidades continúan con la práctica de multar y remolcar vehículos a depósitos. Según la Defensoría, esta situación persiste en diversas zonas de Lima, donde se observan infracciones de tránsito relacionadas con el estacionamiento irregular, lo que no solo genera un caos vehicular, sino también pone en riesgo la seguridad de los transeúntes y la fluidez del tráfico.
La persistencia de estas medidas genera preocupación entre los conductores y usuarios de las vías, quienes se sienten desprotegidos ante una práctica que, según el fallo del TC, no cuenta con respaldo legal. La situación es aún más compleja en áreas cercanas a hospitales, mercados y centros educativos, donde es común ver a conductores a ocupar lugares no permitidos, lo que aumenta la congestión vehicular y el riesgo de accidentes.
Consecuencias legales para los funcionarios
La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a las municipalidades para que respeten la legalidad vigente y se abstengan de continuar con estas prácticas. La institución ha destacado que, a pesar de los esfuerzos por resolver la problemática del mal estacionamiento, ninguna medida puede contravenir los derechos fundamentales de los ciudadanos ni violar un fallo constitucional.
Además, la Defensoría señaló que las municipalidades que insistan en realizar estos procedimientos podrían enfrentarse a acciones legales por desacato, lo que implicaría consecuencias severas, como la notificación formal de los funcionarios responsables, su sanción y, en casos extremos, su destitución. El Código Procesal Constitucional establece que el incumplimiento de las sentencias del TC tiene implicaciones graves para quienes no acaten las disposiciones del órgano judicial.
Por otro lado, la institución subraya que la solución a los conductores mal estaciones debe encontrar un equilibrio entre la aplicación de medidas para regular el tráfico y el respeto a las competencias y derechos establecidos por la ley.
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