Transportistas evalúan un paro nacional ante inacción del Gobierno frente a extorsiones: “Nos hemos acostumbrado a que nos cobren cupos”

La inseguridad en el transporte urbano en Lima y Callao continúa agravándose. El último martes se registró otro violento atentado contra un bus de transporte público de la empresa Machu Picchu. El crimen ocurrió en la intersección de las avenidas Alameda Sur y Alameda San Marcos, en Chorrillos.

Dos individuos a bordo de una motocicleta interceptaron el bus, que se encontraba lleno de pasajeros y comenzaron a disparar. Afortunadamente, no hubo ninguna víctima mortal. El chófer de la unidad resultó herido y fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa. La empresa suspendió sus actividades por 24 horas.

Ante este nuevo hecho de violencia, el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano, Héctor Vargas, advirtió que el sector formal evalúa convocar un tercer paro nacional si no se observan resultados concretos tras la próxima reunión con el Congreso, prevista para el lunes 16 de junio.

Vargas indicó que los dos paros anteriores —uno en septiembre de 2024 y otro en abril de 2025— fueron convocados para exigir la protección de la vida de los transportistas ante las extorsiones y ataques de bandas criminales. Sin embargo, pese a compromisos asumidos por diversas autoridades del Estado, los resultados han sido nulos.

El dirigente indicó que en las reuniones previas que tuvieron con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana y algunos ministros, les pidieron un plazo de 30 días para comenzar a implementar medidas. Sin embargo, este plazo ya ha sido excedido y hasta el momento, no ven un avance tangible contra los actos de bandas extorsivas.

Vargas sostiene que el creciente clima de violencia y extorsión en el sector ya no es una situación excepcional, sino parte de la rutina diaria para los transportistas formales.

“Nos hemos acostumbrado a que nos cobren cupos todos los días. (...) Si no hacemos eso, en realidad las unidades hoy no estarían trabajando. El temor que han generado en los conductores hacen de que de alguna manera enfrentemos esa situación nosotros pagando”, agregó.

Si bien el dirigente reconoció que el sector formal no apoyó las otras paralizaciones, explicó que la razón detrás de esta decisión es que la medida de protesta llega a volverse “intrascendente”.

Medidas del gobierno: fragmentadas y sin resultados

Según Héctor Vargas, los compromisos asumidos por las autoridades tras el segundo paro no se han traducido en acciones coordinadas ni eficaces.

Incluso cuando lograron sentar en una misma mesa a representantes del Congreso, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía Nacional y el INPE, los avances fueron prácticamente nulos. El dirigente criticó la falta de liderazgo desde el Ejecutivo y aseguró que no ha existido voluntad real de parte de la presidenta de la República.

“Después del paro en abril de este año, nos convocaron los poderes del Estado, no bajo la presidencia o el liderazgo de la presidenta de la República, porque en verdad no hace absolutamente nada. El presidente del Congreso nos convocó. Estuvieron algunos ministros, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía y el INPE”, explicó.

Sin embargo, las autoridades competentes no conseguían ponerse de acuerdo sobre el rol que les corresponde ejecutar a cada institución.

“Es más, lo que le puedo decir que una serie de contradicciones entre ellos sobre la tarea que les corresponde. Les dijimos que esos temas lo vieran en la interna, que discutieran, por algo son autoridades, y que nos dieran a nosotros los resultados. (...) Estamos viendo que se toman medidas aisladas, pero no en conjunto, que no resuelven, que no tienen incidencia sobre la realidad”, agregó.