El feminicidio de Nancy Valdez, de 37 años, ha conmocionado a los vecinos de Villa María del Triunfo (VMT) y ha desatado la indignación de su familia, organizaciones de mujeres y ciudadanos que se preguntan por qué las medidas de protección no salvaron su vida. Nancy fue asesinada por su expareja, Arturo, quien ya se encuentra detenido y ha confesado el crimen ante las autoridades, confirmando la violencia que ella venía sufriendo y que la llevó a solicitar ayuda oficial.
La historia de Nancy: círculo de violencia y un sistema que no protegió
Nancy Valdez había denunciado agresiones previas en el taller de Gamarra donde trabajaba. La situación llegó a tal punto que una vez su expareja intentó asfixiarla y atacarla con un cuchillo. Por estos hechos se dictaron medidas de protección a su favor. Sin embargo, tal como relata su hermano Omar, estas salvaguardias resultaron insuficientes. La reincidencia de la violencia culminó en feminicidio, pese a la intervención formal del sistema.
La relación duró aproximadamente dos años y se caracterizó por episodios reiterados de maltrato. Aunque en algún momento Nancy logró separarse y pidió resguardo, terminó retomando el contacto con su agresor por presiones económicas: Arturo la convenció de que lo ayudara a pagar deudas que, según la familia, él mismo había provocado, incluso perjudicando el historial financiero de Nancy.
Los días previos al crimen, la familia perdió la comunicación habitual con Nancy. Tras varios intentos de localizarla, descubrieron que su expareja le habría quitado el celular y se habría hecho pasar por ella para contestar mensajes y ocultar su paradero. La manipulación digital retrasó el auxilio familiar, agravando aún más la sensación de indefensión.
Finalmente, tras denunciar la desaparición y la sospechosa pérdida de contacto, la familia confirmó el peor escenario: Nancy había sido asesinada por estrangulamiento. Arturo fue detenido, enfrentándose a la confesión y las pruebas forenses. La familia exige cadena perpetua para el agresor y reclama al Estado más mecanismos para evitar que medidas de protección queden en papel.
Panorama nacional: cifras crecientes y falencias en la protección
El caso de Nancy no es aislado. En 2024 Organizaciones de derechos humanos recalcan que muchas víctimas habían solicitado previamente medidas de protección. En varios expedientes consta que las mujeres sufrieron hostigamientos, amenazas o agresiones aún bajo “protección legal”, lo que señala fallas en el seguimiento y ejecución de las órdenes judiciales.
En los últimos meses, al menos cinco víctimas de feminicidio en Lima y provincias contaban con medidas cautelares vigentes. Falta de vigilancia, escasa asignación policial y la poca implicancia de la red comunitaria suelen dejar a las mujeres en una situación de exposición excesiva. Defensores de los derechos de la mujer sostienen que no basta la emisión de la orden; se requiere acompañamiento, monitoreo efectivo y la inclusión de redes familiares y comunitarias en la prevención.
El pedido de justicia
La familia de Nancy Valdez no solo enfrenta el dolor de la pérdida, sino también el temor de que el caso de su hermana se sume a la larga lista de crímenes sin castigo ejemplar. Claman la máxima sanción contra Arturo y piden el respaldo del Ministerio de la Mujer para acceder a justicia y reparación. “Nosotros queremos ayuda de la ministra de la Mujer, que no quede libre ese hombre, que se haga justicia”, reclama Hermelinda, madre de la víctima, a 24 Horas Noticias.
Mientras tanto, en VMT, los vecinos y organizaciones de mujeres convocan movilizaciones para pedir mayores acciones y visibilizar estos hechos. El feminicidio de Nancy suma un nuevo caso a la preocupante estadística y expone la urgencia de revisar los mecanismos institucionales de protección a mujeres en riesgo, porque medidas legales sin acompañamiento real siguen dejando vidas desprotegidas y familias devastadas.
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