En días que se debate la crisis fiscal por la reducción anunciada del IGV del 16% al 14% en favor de las municipalidades, el Gobierno del Perú ha oficializado la aprobación del Reglamento de la Ley Nº 27613, conocida como la Ley de la Participación en Renta de Aduanas, mediante el Decreto Supremo Nº 104-2025-EF.
Este reglamento establece los procedimientos y metodologías para la distribución de los recursos recaudados por las aduanas en todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar una asignación equitativa y transparente de estos fondos entre las municipalidades beneficiarias, como la de Chancay. El problema está en que también podría representar una presión adicional para la caja pública.
Perú oficializa reglamento de la Ley de Participación en Renta de Aduanas
El reglamento, compuesto por ocho artículos, dos disposiciones complementarias finales y tres anexos metodológicos, detalla los criterios de distribución de la Participación en Renta de Aduanas (PRA). Este mecanismo asigna un porcentaje de los recursos recaudados por las operaciones de importación realizadas en las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres a las municipalidades de las provincias donde estas se encuentran. De acuerdo con la normativa, las municipalidades tienen derecho a recibir al menos el 3% de la renta generada por las aduanas en su jurisdicción. Antes era del 2%.
El reglamento también especifica los criterios para la distribución de los recursos de la PRA. En las provincias beneficiarias, excepto en la Provincia Constitucional del Callao y la provincia de Huaral, el 100% de los fondos se distribuye considerando tres factores: el 40% en función de la población de cada municipalidad, el 10% según la extensión territorial y el 50% proporcional al número de municipalidades que conforman la provincia.
En el caso del Callao, los recursos se dividen de manera diferente: el 10% se destina a un fondo educativo, el 45% a las municipalidades de la provincia y el 45% al Gobierno Regional del Callao. Por su parte, en Huaral, el 20% de los recursos se asigna al Fondo Social para el Desarrollo de Chancay, mientras que el 80% restante se distribuye entre las municipalidades de la provincia.
Nueva ley en Perú asignará 3% de renta aduanera a municipios
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será el encargado de aprobar anualmente los índices de distribución de la PRA mediante una resolución ministerial, que deberá emitirse antes del último día hábil de febrero. Para tal efecto, entidades como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) deberán proporcionar información clave sobre las aduanas y las variables de población y extensión territorial de cada municipalidad. Con estos datos, el MEF calculará los índices de distribución aplicando las metodologías descritas en los anexos del reglamento.
El procedimiento para la asignación de los recursos también está claramente definido. La SUNAT depositará mensualmente los montos recaudados en el Banco de la Nación, que informará a la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (SD-PCM) sobre los montos generados. Posteriormente, la SD-PCM calculará los montos correspondientes a cada beneficiario y los comunicará a la Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del MEF, que se encargará de realizar la asignación financiera.
El reglamento incluye disposiciones específicas para casos excepcionales, como la creación de nuevas aduanas. En estos casos, la SUNAT deberá informar al MEF sobre la ubicación de las nuevas instalaciones dentro de los 30 días hábiles posteriores a su creación, para que se actualicen los índices de distribución correspondientes.
Impacto de la nueva Ley de Aduanas enfrenta críticas: la cuestión del Fondo Chancay
La reglamentación de esta ley ocurre en un contexto marcado por la reciente aprobación en abril de la Ley que crea el Fondo Social para el Desarrollo de Chancay, una medida que se financiará con un porcentaje de los recursos provenientes de la Participación en Rentas de Aduanas. Según detalló el Congreso de la República, esta iniciativa busca cerrar brechas de infraestructura y mejorar el acceso a servicios públicos y proyectos sociales en las áreas de influencia del Megapuerto de Chancay, ubicado en la provincia de Huaral como parte de la nueva Ruta de la Seda del régimen de China. Como se mencionó antes, este fondo se financiará con el 20% de los recursos recaudados por la aduana marítima en los terminales portuarios de dicha jurisdicción.
El Congreso aprobó esta medida en abril pasado, con 73 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones, mediante el dictamen de insistencia del Proyecto de Ley 8002/2023-CR. La norma establece que los recursos del fondo estarán destinados exclusivamente a beneficiar a las poblaciones dentro del área de influencia del megapuerto, lo que ha generado cuestionamientos por parte del Poder Ejecutivo. Según el MEF, esta disposición podría afectar la asignación de recursos de la PRA en otros distritos de la propia provincia de Huaral, priorizando únicamente a aquellos cercanos al terminal portuario.
Reglamentación de ley aduanera generará impacto en el presupuesto nacional
La autógrafa para la redistribución aduanera ya había sido observada por el Poder Ejecutivo. En su momento, el MEF expresó su preocupación por el impacto financiero de esta medida en el presupuesto nacional. Según sus estimaciones, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2025 de la Participación en Rentas de Aduanas asciende a 8.376 millones de soles, calculado bajo la tasa actual del 2%. Incrementar esta tasa al 3%, como establece la nueva reglamentación, representaría un impacto adicional de 419 millones de soles en el erario público. Además, la propuesta no presentó un sustento técnico que justificara el incremento de la tasa ni la creación del fondo social.
A pesar de estas objeciones, el ministro Raúl Pérez-Reyes ha cumplido desde el MEF con la reglamentación, tal como le exige la ley. Así, el dispositivo buscará garantizar que los recursos recaudados por las aduanas sean distribuidos de manera equitativa y transparente, aunque las tensiones en torno a su implementación podrían derivar en conflictos sociales, según advirtió el Ejecutivo. Esto se debe a que la priorización de ciertos distritos sobre otros podría generar descontento en las municipalidades que no se encuentren dentro del área de influencia del puerto de Chancay.
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