El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte quiere que rateros y padres que no cumplen con pagar la pensión alimenticia salgan en libertad lo más pronto posible. Esto al haber fracasado en solucionar el problema de hacinamiento carcelario.
El ministro de Justicia, Juan Alcántara, anunció hace unos días que se ofrecerá defensa legal gratuita a las personas que han sido condenadas por el delito de omisión de prestación de alimentos para que accedan a beneficios penitenciarios, como la libertad condicional.
Ahora, el director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Minjus, Walter Martínez, indicó que la iniciativa también contempla a los condenados por el delito de hurto simple, delito que es sancionado con hasta tres años de prisión.
“Nosotros no estamos generando impunidad. No estamos favoreciendo a la criminalidad. Lo que estamos haciendo es garantizar derechos fundamentales de las personas Y en este caso estamos contribuyendo al deshacinamiento de los penales”, declaró Martínez a Canal N.
Según cifras oficiales, a la fecha más de 2.200 personas privadas de su libertad por el delito omisión de prestación de alimentos y más de 4.000 por el delito de hurto simple. En total, más de 6.000 condenados por estos delitos serían beneficiados y recuperarían su libertad en las próximas semanas.
El director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Minjus precisó que el denominado plan Libertad 2025 no contempla a condenados por delitos graves, como el sicariato, extorsión, organización criminal, entre otros delitos con penas elevadas.
“Se va a brindar asistencia legal gratuita a aquellas personas que se encuentra recluidas en los distintos penales del país que ya habrían cumplido con los requisitos para acceder a los beneficios penitenciarios. Eso quiere decir que estas personas ya deberían estar en libertad porque han cumplido con los requisitos para acceder a estos beneficios, han pasado por las evaluaciones correspondientes del INPE. Han cumplido pues con la resocialización”, dijo.
El fracaso del Gobierno con el deshacinamiento
Este lunes venció el plazo de cinco años que otorgó el Tribunal Constitucional al Poder Ejecutivo para solucionar el hacinamiento carcelario, que incluso llega al 500% en algunos penales del país.
Sin embargo, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ha solicitado una prórroga de dos años y siete meses para abordar la problemática del hacinamiento en las cárceles del país. Esta petición fue formulada en abril de este año por el hoy premier Eduardo Arana ante el acercamiento a la fecha del vencimiento del plazo de cinco años establecido por el TC en una sentencia emitida en mayo de 2020, que declaraba el hacinamiento carcelario como un “estado de cosas inconstitucional”.
El entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, presentó el escrito al TC argumentando que diversos factores, como la pandemia de COVID-19 y el impacto del Ciclón Yakuu, han dificultado el cumplimiento de la sentencia.
De acuerdo con el documento, el periodo de emergencia sanitaria y los desastres naturales generaron una contracción económica que obligó al Gobierno a reasignar recursos hacia el sector salud, afectando directamente el presupuesto destinado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Esta situación, según el ministro, limitó la capacidad del Estado para realizar las inversiones necesarias en el sistema penitenciario nacional, lo que impidió cumplir con los plazos establecidos por el TC.
El pedido de prórroga busca extender el plazo hasta finales de 2027, con el objetivo de implementar una solución definitiva al problema del hacinamiento.
De todas formas, debido a que no se ha solucionado el hacinamiento carcelario, se deberá proceder con el cierre de seis penales con mayor sobrepoblación. Esto implica que no podrán recibir más internos.
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