Un tenso cruce de palabras protagonizaron este miércoles la congresista Maricarmen Alva y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quien fue citada a la Comisión Especial Multipartidaria encargada de presentar una propuesta de reforma integral del Sistema de Administración de Justicia.
La confrontación se generó cuando Tello expresó su preocupación por varias propuestas legislativas que, según señaló, afectarían directamente la autonomía de la institución que dirige, entre ellas la referida a los de votos para suspender a altas autoridades judiciales y la iniciativa para que el Senado elija a los jueces supremos.
“La disminución de los votos para suspender a las altas autoridades, entre las cuales estamos los jueces supremos,(...) que sería solo con 50 votos, no se nos requirió opinión. Claro, como es una norma reglamentaria, quizás se podría pensar que no era necesario la opinión de los jueces, pero nosotros más bien consideramos que tendríamos que haber participado porque nos afecta”, afirmó la magistrada.
Seguidamente, cuestionó una propuesta que plantea que la presidencia del Poder Judicial recaiga siempre en el juez más antiguo y que, una vez terminado su mandato, sea cesado de forma automática, incluso con efecto retroactivo. “Eso no tiene sentido”, sentenció.
La intervención generó una inmediata reacción de la legisladora, quien interrumpió para aclarar que “la ley no es retroactiva” y agregó: “El congresista puede presentar lo que quiera”. El clima se tensó aún más cuando Tello criticó la iniciativa que permitiría al Senado elegir a los jueces supremos, al señalar que esto supondría “un retroceso tan grande en nuestro país, que es considerado un ejemplo de democracia y, sobre todo, de separación de poderes”.

Ante ello, Alva respondió con una referencia personal y política: “Bueno, así era en los 80 y no puedo decir nada porque ahí estaba mi tío Javier (Alva Orlandini). Y creo que el Poder Judicial tenía un nivel más alto. Eso ya cambió. Eso estaba ahí. Así es en Chile también”, dijo.
Por su parte, Tello insistió en la importancia de preservar la independencia judicial. “Por eso Perú es ejemplo. (...) Que haya habido problemas con la elección de los miembros es otro cantar. Que esos miembros o algunos hayan trabajado mal es otro cantar. Que hayan decepcionado a la sociedad con actos de corrupción es otro cantar. Pero el sistema es de los mejores porque separa la política del ejercicio de la justicia, y eso debemos defender, porque es un ejemplo de democracia”, dijo.
Alva replicó que se debe elegir mejor a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a lo que Tello respondió: “¿Y quiénes eligen a la Junta?”. Alva contestó: “Nosotros no”. Tello remató: “Por eso, tenemos que ver quiénes eligen a la Junta. Es un miembro del Poder Judicial, sí es cierto. Pero tendríamos que ajustar un poco más ese sistema... Ahorita tenemos esperanzas, ¿no?, que tengan vocación de trabajo”.
Críticas a México
La discusión se tornó más álgida cuando Alva mencionó que en países como Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, México, Chile y Estados Unidos los Parlamentos eligen a los jueces. Tello retrucó: “¿Y el Parlamento? ¿Es político? (...) En México ahorita va a ser elección popular. ¿Y la elección popular en México qué va a traer?”.
La parlamentaria intervino con tono crítico en clara alusión a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien considera que el encarcelamiento y juicio que enfrenta el exmandatario Pedro Castillo por el autogolpe de estado es injusto. “No quiero ni pensarlo. Porque ese país es un desastre y ahí no hay democracia, por favor”, dijo mientras retiraba el micrófono con visibles ademanes de molestia.

En la misma sesión, Tello informó que solo el 42% del personal jurisdiccional son jueces titulares y que la JNJ convocará un concurso para reducir la provisionalidad, especialmente entre los jueces especializados. Destacó que la carga procesal en 2024 podría alcanzar los 3.6 millones de expedientes, con un aumento proyectado del 6.5% anual si no se implementan medidas correctivas.
Sugirió que los cambios deben seguir una sistemática común, como en el caso del Código Procesal Penal, y propuso una reforma constitucional para garantizar un presupuesto mínimo del 3% para el Poder Judicial. Finalmente, anunció la creación de una comisión en la Corte Suprema para trabajar en propuestas conjuntas con los jueces clave de la institución.
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