En un operativo realizado en horas de la madrugada en Ate, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) allanaron un edificio de seis pisos, presuntamente utilizado como centro de operaciones de una banda delictiva. En el lugar se incautaron armas de fuego, drogas, cacerinas de uso militar y se encontraron a seis menores de edad. Tras la intervención, fueron detenidos 21 ciudadanos extranjeros, quienes estarían vinculados a delitos de micro comercialización de drogas, proxenetismo y posible extorsión.
Dos días después de este golpe policial, 16 de los 21 intervenidos fueron puestos en libertad por disposición de la Fiscalía. La decisión generó molestia en la PNP, especialmente porque, según señalaron, aún quedaban diligencias pendientes y existían elementos incautados que, a su juicio, justificaban una investigación más profunda.
Coronel Chingay cuestiona decisión de la Fiscalía
El coronel Henry Chingay, en entrevista para TV Perú, criticó duramente la liberación de los 16 extranjeros intervenidos en el inmueble de Ate. “Hace dos días la Policía identifica una vivienda donde se logra detener a 21 personas de nacionalidad venezolana. De ellas, 16 quedaron en el departamento de investigación”, señaló. Añadió que se encontraron armas de fuego, droga y otros elementos asociados a delitos conexos.
Según el oficial, en menos de 48 horas, la fiscal a cargo tomó la decisión de liberar a los detenidos, antes de realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. “El día de hoy a las 5:00 a.m. salen en libertad esos 16 venezolanos. A las 6 de la mañana ocurre un atentado contra un vehículo del corredor rojo y se registra un hecho de sangre”, mencionó. Aunque evitó establecer una conexión directa entre ambos acontecimientos, indicó que “no se descarta nada”.
“No había elementos probatorios”, el argumento de la Fiscalía
Consultado sobre los fundamentos de la resolución que ordenó la liberación de los extranjeros, el coronel Chingay explicó que, según el documento fiscal, no existían pruebas suficientes para mantener a los detenidos bajo investigación.
“La resolución hace ver que supuestamente no había elementos probatorios para que ellos sigan siquiera en investigación”, sostuvo.
El coronel mostró su indignación ante el criterio aplicado por la Fiscalía: “Un arma de fuego, droga decomisada, ¿no son elementos probatorios siquiera para una investigación de quince días, como dice la ley? Creo que necesitaría ver a la persona ejecutando una muerte para recién iniciar una investigación”, cuestionó.
Además, reveló que en parte del documento fiscal se ordenaba la devolución de los bienes incautados a los investigados. “Nosotros no queremos adelantar juicios, pero hemos informado al órgano de control de la Fiscalía, que inmediatamente tomó cartas en el asunto”, comentó.
Trabajo coordinado en riesgo
Chingay lamentó que decisiones como esta afecten la coordinación entre instituciones que deben actuar en conjunto para combatir la criminalidad. “Se supone que el trabajo es coordinado de mejor manera, como lo hacemos con muchos fiscales de la zona. Los fiscales superiores trabajan de la mano con nosotros, pero quizá algún integrante del Ministerio Público no está en la misma línea con nosotros”, manifestó.
La autoridad policial remarcó que las acciones realizadas por la PNP en Ate contaron con todo el respaldo del marco legal y fueron producto de un trabajo de inteligencia previo. No obstante, expresó su preocupación por la posibilidad de que decisiones como la tomada en este caso debiliten la lucha contra el crimen organizado en el distrito y zonas aledañas.
La fiscal que ordenó la liberación
Durante la entrevista, el coronel Chingay identificó a la funcionaria responsable de la resolución. Se trata de Jessica Gomero Palomino, fiscal provincial titular de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita. Según Chingay, a pesar de las pruebas encontradas en el operativo, la magistrada consideró que no existían suficientes indicios para prolongar la detención preliminar de los 16 extranjeros.
El operativo en Ate había arrojado resultados importantes: se incautaron 180 envoltorios de droga listos para ser distribuidos, tres mototaxis supuestamente utilizadas para el reparto de sustancias ilícitas y para el traslado de mujeres explotadas sexualmente, además de armas y municiones de uso militar.
Las investigaciones siguen en curso respecto a los cinco extranjeros que permanecen detenidos. Entretanto, la situación generó un intenso debate sobre el accionar del Ministerio Público y la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional en la lucha contra la delincuencia.
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