La trata de personas no se detiene en el Perú. En el 2024, el Ministerio Público registró 1.900 denuncias por trata de personas, lo que significa que hubo al menos cinco por día. Además, del total de casos, el Poder Judicial solo tuvo 30 sentencias condenatorias, es decir, que solo el 1.58% de los acusados fue encarcelado por este delito.
Así lo indica CHS Alternativo, organización que también reveló que este delito va cada vez más de la mano con las organizaciones criminales, teniendo en cuenta que mientras en el 2006 y el 2021, solo un 28% de los casos tenía múltiples víctimas, entre 2022 y el 2025 la cifra se incrementó en un 39%.
Durante una presentación de la institución, Mercedes Arce, directora de Programas y Proyectos, precisó que el perfil de la víctima de trata de personas sigue siendo el de mujeres que son captadas con fines de explotación sexual. No obstante, señaló que se viene registrando cada vez más víctimas extranjeras, de países como Venezuela, Colombia y Ecuador.
“Según la cifras del centro de atención de CHS Alternativo, en 2021, solo el 11% de víctimas de delitos contra la dignidad eran extranjeras; sin embargo, en 2024 el porcentaje aumentó a 28%, es decir casi la tercera parte de las atenciones, lo que revela cómo las organizaciones criminales operan de manera trasnacional, aprovechando la corrupción y que la persecución penal por estos delitos en el país aún tiene retos”, manifestó.
Por su parte, el director ejecutivo de la organización, Ricardo Valdés, dijo que se debe seguir trabajando desde el Estado y la sociedad civil para proteger a la población vulnerable y prevenir situaciones de explotación humana.“La trata de personas sigue creciendo y se hace trasnacional, pero el Estado no responde”, afirmó.
“Falta más presupuesto para garantizar el derecho a la información de niñas, niños y adolescentes, fortalecer los sistemas de capacitación al personal que los atiende y hacer que más víctimas accedan a los servicios, pero también es indispensable un mejor trabajo para lograr el acceso a la justicia, con condenas efectivas”, agregó.
En desacuerdo con medidas del gobierno
En diálogo con Infobae Perú, el también exviceministro Ricardo Valdés se mostró en desacuerdo con las medidas que implementó la presidenta Dina Boluarte para combatir la criminalidad, que en realidad afectan a la comunidad venezolana del país, como la solicitud de documentos como contratos de alquiler de vivienda, y también de trabajo formal.
“La xenofobia está instalada como una narrativa para explicar nuestros males. Entonces, es muy fácil para un gobierno que no tiene eh planteamientos y que no tiene estrategia de desarrollo, buscar un culpable fuera de la ciudadanía”, explicó.
Además, recordó que al Perú han ingresado 1 millón y medio, aproximadamente, de migrantes en los últimos años, lo cual generó un impacto en la ciudadanía. “Si bien al inicio fueron muy bien recibidos, ahora existe un fuerte rechazo hacia (ellos), y de eso se vale el Gobierno, sobre todo el de la presidenta Dina Boluarte, para decir que nuestra criminalidad ha crecido como consecuencia de la migración”, mencionó.
Asimismo, aclaró que aunque haya casos de extranjeros que han estado asociados con la criminalidad, actualmente solo hay cerca a de 3.800 presos de nacionalidad venezolana, lo que representa apenas el 0.002% de la migración.
Valdés también se refirió a la ley anti ONG que aprobó el Congreso de la República. Mencionó que hay migrantes que se han asociado y que antes se les permitía organizarse para buscar recursos, pero ahora se les está haciendo “cuesta arriba” poder concretar su propia inscripción en registros públicos. “No tienen los recursos, a veces necesarios para cumplir con todas los requisitos que se están ahora pidiendo”, dijo.
“Está orientada básicamente a limitar el trabajo de las ONG. Nos están generando más trabajo. Ahora tenemos que estar inscritos en registros nuevos. Estamos inscritos en un montón de registros, tenemos muchísima fiscalización de todas las organizaciones del Estado”, añadió.
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