MMG Las Bambas: absuelven a defensores ambientales después de una década de acusaciones por protestas sociales

La Corte Superior de Justicia de Apurímac revocó la sentencia que condenaba a 11 defensores de derechos humanos y líderes comunales de la provincia de Cotabambas y Grau. Tras una década de lucha legal, los acusados fueron absueltos de todas las responsabilidades civiles y penales que se les atribuían, las cuales estaban basadas en su participación en las protestas sociales de 2015 contra el megaproyecto minero Las Bambas. Esta decisión histórica se considera un hito judicial que pone fin a una de las batallas legales más largas y complejas por los derechos de las comunidades afectadas por las actividades extractivas.

Los implicados en el caso habían sido condenados inicialmente a penas de entre ocho y nueve años de prisión, además de enfrentar cuantiosas reparaciones civiles. Sin embargo, el proceso de apelación demostró que no existían pruebas suficientes que validaran las acusaciones.

Un proceso judicial cargado de tensiones

Las acusaciones contra los defensores de Cotabambas se originaron en su participación en las protestas contra el impacto ambiental del proyecto minero Las Bambas, ubicado en las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa. Estas movilizaciones denunciaron la falta de consulta previa y los graves efectos negativos que tendría el proyecto sobre las comunidades cercanas, tales como la contaminación del aire y la alteración de sus condiciones de vida. A pesar de la naturaleza pacífica de las protestas, los involucrados fueron señalados de actos delictivos relacionados con los disturbios generados por las manifestaciones.

En primera instancia, la justicia determinó que los acusados debían pagar una reparación civil de S/ 50 mil al Estado peruano y S/ 88.600 a MMG Las Bambas. Además, la Procuraduría Pública solicitó un incremento en la reparación civil a S/ 200 mil. Sin embargo, tras la revisión del caso en la Corte Superior de Justicia, se determinó que no había evidencia concreta de la responsabilidad penal de los acusados, lo que llevó a la revocación de la sentencia.

Un mensaje de justicia social

La resolución de este caso es vista por muchas organizaciones nacionales e internacionales como un importante precedente en la lucha por los derechos de las comunidades afectadas por los proyectos extractivos. Organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Front Line Defenders participaron como observadores en el proceso judicial, mostrando su apoyo a la defensa de los derechos humanos y la protesta social pacífica.

El abogado de los acusados, David Velazco, destacó la importancia de esta sentencia, señalando que “crea un importantísimo precedente, en el sentido de que no se puede atribuir una acusación sin precisar qué conducta penal asumieron los acusados y no se puede avanzar a un juicio sin que existan siquiera pruebas referenciales de la responsabilidad penal, menos si se trata de un proceso contra quienes ejercen su derecho a la protesta social pacífica”. Esta absolución refuerza la legitimidad de las demandas de las comunidades campesinas y pueblos indígenas frente a intereses económicos que a menudo priorizan el sector extractivo sobre los derechos fundamentales de las poblaciones locales.

Implicaciones a futuro

Este fallo no solo exoneró a los defensores de Cotabambas, sino que también subraya la necesidad de procesos judiciales transparentes y basados en pruebas claras. Este caso establece un precedente importante en la defensa de los derechos humanos y podría influir en futuras decisiones judiciales sobre protestas sociales y el ejercicio de derechos colectivos en el país.

El miércoles 23 de abril se realizará un evento para examinar las consecuencias de la decisión judicial. En esta actividad participarán el abogado defensor David Velazco, un representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y un integrante de la organización CooperAcción, dedicada a la justicia ambiental. El encuentro se llevará a cabo a las 08:30 horas en la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, situada en el jirón José Pezet y Monel 2467, en el distrito de Lince, Lima.