TC incorpora a Dina Boluarte en el proceso contra el PJ y la Fiscalía: Presidenta participará en la audiencia de este jueves

El Tribunal Constitucional aceptó el pedido de la presidenta Dina Boluarte para participar como “tercero con interés” en la demanda competencial que planteó el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público. Mandataria participará en la audiencia programada para este jueves 24 de abril.

Si bien esta demanda tiene su punto de origen las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte, ella no era parte del proceso debido a que un proceso competencial solo participan instituciones.

Es por ello que, hasta antes de la incorporación de la mandataria, en representación del Poder Ejecutivo solo iba a participar el abogado Luis Alberto Huerta Guerrero, procurador público Especializado en Materia Constitucional.

“Este Tribunal Constitucional considera que la recurrente debe ser incorporada en el presente proceso competencial en calidad de tercero con interés en el resultado, toda vez que ostenta la condición de parte en las disposiciones fiscales y la resolución judicial que motivaron la interposición de la demanda y la admisión a trámite de la misma”, resolvió el organismo constitucional autónomo.

Ahora, Boluarte —ella misma o a través de su abogado— podrá dar sus argumentos ante los magistrados del TC por los que considera que se debe hacer una interpretación restrictiva sobre la inmunidad presidencial establecida en el artículo 117 de la Constitución.

Eso sí, el colegiado le recuerda a la mandataria que, debido a su condición de "tercero con interés en el resultado“, no puede plantear reposiciones, ni plantear nulidades o excepciones, o pedidos de abstención de magistrados.

“Sí podrá presentar escritos con el objeto de aportar sentidos interpretativos relevantes, y también podrá solicitar informar oralmente en la respectiva audiencia pública”, reitera el TC.

¿Qué busca Dina Boluarte con el proceso competencial?

El Poder Ejecutivo presentó la demanda competencial ante el TC con el objetivo de detener las investigaciones en curso contra la presidenta Dina Boluarte y evitar que se inicien nuevos procesos judiciales mientras ejerza el cargo. Se busca ello con una interpretación del artículo 117 de la Constitución para limitar las facultades del Ministerio Público y el Poder Judicial en relación con la mandataria.

El documento, elaborado por el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero, argumenta que las investigaciones vulneran la competencia de la presidenta para “dirigir la política general del Gobierno”. En ese contexto, el Ejecutivo sostiene que las acciones de las instituciones judiciales y fiscales se basan en una interpretación incorrecta del mencionado artículo constitucional, que establece las causales específicas por las cuales un jefe de Estado puede ser acusado durante su mandato.

¿Qué dice el artículo 117 de la Constitución?

El artículo 117 de la Constitución peruana establece que un presidente en funciones solo puede ser acusado por cuatro motivos: traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso de manera inconstitucional o impedir el funcionamiento del sistema electoral. La posición institucional del Ministerio Público en el pasado había sido que un mandatario no podía ser investigado mientras estuviera en el cargo, postura que fue sostenida por fiscales de la Nación como Adelaida Bolívar, Gladys Echaíz, Antonio Peláez, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos.

Sin embargo, en el caso de Dina Boluarte, esta interpretación ha sido cuestionada, lo que ha permitido la apertura de investigaciones en su contra. Estas incluyen los presuntos asesinatos ocurridos durante las protestas sociales, el denominado “caso Rolex” y la desactivación del Equipo Especial de la Policía. La demanda competencial presentada por el Ejecutivo busca revertir esta tendencia y garantizar impunidad durante el ejercicio del cargo.

Las investigaciones en curso contra Dina Boluarte

Entre los casos que motivaron la acción del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, destaca la investigación por los presuntos asesinatos ocurridos durante las protestas sociales que se desencadenaron tras la asunción de Boluarte como presidenta. Estas manifestaciones, que tuvieron lugar en diversas regiones del país, dejaron un saldo significativo de víctimas mortales, lo que generó críticas tanto a nivel nacional como internacional.

Otro de los procesos en cuestión es el denominado “caso Rolex”, relacionado con presuntas irregularidades en la adquisición de bienes de lujo. Finalmente, se encuentra la investigación sobre la desactivación del Equipo Especial de la Policía que prestaba apoyo al Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder.