
Gracias a un acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso de la República del pasado 21 de febrero de este año, el Poder Legislativo dispuso la contratación de un seguro médico privado para legisladores, parlamentarios andinos y expresidentes de la República, además de sus familiares.
De acuerdo con La República, esta decisión tuvo el visto bueno de la directora general de Administración del Parlamento, Rosa Elena izaguirre Silva, quien fue designada el 20 de enero del 2025. También dieron a conocer que la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización otorgará a la Dirección General de Administración la disponibilidad presupuestal de S/ 9 594 875,9 para el 2025 y S/ 3 950 831, 19 para el 2026.
Según el medio, el servicio de póliza fue otorgado a Rímac Seguro y Reaseguros S.A., a través de un proceso de adjudicación directa. Es decir, que se habría contratado a este proveedor sin que haya un concurso público detrás con más competidores.

La República intentó comunicarse con los miembros de la Mesa Directiva, es decir, con el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso); la primera vicepresidenta, Patricia Juárez (Fuerza Popular); el segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón (Perú Libre): y el tercer vicepresidente, Alejandro Cavero (Avanza País). Sin embargo, no obtuvieron respuesta.
Más gastos del Congreso
En febrero de este año, se dio a conocer que el Congreso destinó casi 1 millón 600 mil soles a un servicio buffet que se extenderá por 16 meses.
De acuerdo con Cuarto Poder, el nuevo convenio, denominado “Contratación del concesionario para comedores y atenciones de eventos oficiales y protocolares del Congreso de la República”, busca garantizar desayunos, almuerzos, cenas y snacks adicionales para los parlamentarios durante sesiones plenarias, reuniones de comisiones y juntas de portavoces. Este servicio, que estará vigente hasta 2026, representa un aumento significativo en comparación con el contrato anterior, que tuvo un costo de más de 2 millones de soles por tres años.
El nuevo servicio incluye un incremento en las porciones de carne, pollo y pescado, además de la incorporación de opciones adicionales como snacks y un buffet más sofisticado. Según detalló el programa de investigación, este contrato refleja un aumento en las exigencias de los parlamentarios respecto a la calidad y cantidad de los alimentos que se les ofrecen durante sus actividades oficiales.

Las tarjetas de Navidad
Esta no es la primera vez que el Poder Legislativo se ve inmerso en una polémica debido a sus gastos. En noviembre del 2024, se reveló la adquisición de 4.500 tarjetas electrónicas de consumo destinadas a los trabajadores del Congreso de la República, con un costo total que superó los S/ 8 millones. Aunque el documento oficial no mencionaba explícitamente a los congresistas como beneficiarios, se confirmó que estos también recibieron el beneficio navideño, equivalente a más de un sueldo mínimo.
De acuerdo con el contrato, identificado como 048-2024-2025/MESA-CR, las tarjetas electrónicas de consumo (TEC) estaban destinadas al personal del servicio y organización parlamentaria, incluyendo a aquellos comprendidos en los decretos legislativos 276, 728 y 1057. Además, se especificó que otros beneficiarios podrían recibir este aguinaldo a título de liberalidad, es decir, como un adicional no obligatorio. Bajo esta disposición, se incluyó a toda la población laboral activa del Congreso, independientemente de su régimen laboral, así como a pensionistas, edecanes, capellanes y trabajadores del concesionario del comedor.
A pesar de que a los congresistas no fueron mencionados directamente en el acuerdo, se les otorgó el beneficio bajo la misma lógica que al resto de los trabajadores. Cada legislador recibió una tarjeta con un monto de S/ 1.900, lo que generó cuestionamientos sobre la inclusión de este grupo en un beneficio que, en principio, parecía destinado exclusivamente al personal administrativo y operativo.
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