Contraloría a punto de cerrar este 2025 si el Ejecutivo no aprueba presupuesto: “Solo hay dinero hasta mayo”

Según el contralor César Aguilar, más de 5 mil contralores pasarán al retiro a fines de mayo. El cierre de la Contraloría implicaría menor control de fondos públicos y mayor vulnerabilidad a la corrupción en las instituciones del Estado peruano

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Contraloria - obras paralizadas
Contraloria - obras paralizadas

Una entrevista realizada por Perú 21 advierte sobre la grave crisis financiera que atraviesa la Contraloría General de la República debido a un proceso de contratación irregular durante la gestión del excontralor Nelson Shack. Ahora el órganismo fiscalizador depende de los recursos públicos que ha solicitado con urgencia para continuar operando.

“(La Contraloría) no entraría en quiebra, cierra, que es peor. Ahorita solo dinero hasta mayo y de ahí no tenemos”, ha mencionado el actual contralor, César Enrique Aguilar Surichaqui.

Una convocatoria irregular

La crisis comenzó tras un concurso público realizad entre el 20 de febrero y el 18 de junio de 2024, con el objetivo de cubrir más de 4,000 plazas dentro de la entidad. Sin embargo, el proceso fue marcado por una serie de irregularidades que no solo impidieron que la Contraloría se beneficiara de dicho concurso, sino que también contribuyeron a una crisis financiera en la institución.

La Comisión Permanente del Congreso
La Comisión Permanente del Congreso designó a César Aguilar Surichaqui como nuevo contralor general - Crédito: Composición Infobae Perú

El informe de la Contraloría detalla que, para cubrir estas más plazas, se requerían 383 millones 997 mil soles. Este dinero debía pasar por una evaluación previa por parte de la gerencia de presupuesto y obtener una certificación que garantizara su disponibilidad sin necesidad de recurrir a endeudamientos. Sin embargo, la certificación de estos fondos solo se logró una vez que ya se habían realizado las contrataciones. Esta situación contravino los procedimientos legales y provocó la reducción de plazas a 3,082, además de que la Contraloría asumió gastos no autorizados, lo cual fue declarado ilegal por la propia entidad.

A raíz de estos problemas, alrededor de 2,000 funcionarios dejaron la institución a fines de marzo. Entre los despedidos se encuentran auditores, quienes tienen la responsabilidad de controlar el trabajo de otros funcionarios públicos y señalar cualquier irregularidad en su desempeño. Otros 3,000 trabajadores perderán sus empleos a finales de mayo. Este recorte masivo de personal ha generado aún más preocupación dentro de la institución, ya que la crisis ha dejado a la Contraloría sin los recursos necesarios para cumplir con su misión de fiscalización.

MEF y Congreso sin reacción

Para mantener una administración adecuada, la Contraloría necesita un mínimo de 478 millones de soles, monto que depende del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, a pesar de los múltiples pedidos realizados por el contralor César Aguilar a través de oficios enviados tanto a la presidenta de la República como al Congreso, no ha recibido respuesta. En su carta de febrero de este año y en los demás escritos enviados durante 2024, el contralor ha solicitado con urgencia los fondos necesarios para que la Contraloría pueda seguir funcionando.

Ante la falta de respuesta del gobierno, César Aguilar ha expresado su preocupación y ha dejado claro que no se detendrá en su lucha por conseguir los recursos que necesita. En una entrevista reciente, señaló que asistirá al Congreso para insistir una vez más en la entrega del presupuesto necesario, advirtiendo que si no se le concede lo solicitado, la Contraloría cerrará en mayo, lo que desencadenaría un gran escándalo en el ámbito administrativo y político del país.

¿Cuáles son las funciones de la Contraloría?

La Contraloría fiscaliza el uso de recursos públicos, realiza auditorías, previene riesgos en proyectos, promueve la rendición de cuentas y sanciona irregularidades. Su cierre implicaría menor control de fondos públicos, debilitamiento de la transparencia, aumento de riesgos en proyectos estatales y mayor vulnerabilidad a la corrupción en las entidades del Estado peruano.

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