“Buscan hilar una vacancia”: Adrianzén arremete contra el Ministerio Público y afirma que Dina Boluarte sufre “un acoso fiscal ilegal”

El primer ministro, Gustavo Lino Adrianzén Olaya, denunció este domingo (23.03.2025) un intento de "golpe blanco" contra la presidenta Dina Boluarte, al calificar las investigaciones judiciales y mediáticas contra ella como un "acoso fiscal ilegal“. En una columna publicada en el diario oficial El Peruano, Adrianzén expresó su rechazo a lo que considera una "persecución judicial" orquestada por sectores del Ministerio Público y algunos medios de comunicación con el objetivo de desprestigiar y desestabilizar al gobierno de la mandataria.

“Estas agresiones son intolerables y apuntan, desde una facción de la prensa y un grupo específico de la Fiscalía, dar un golpe blanco. Quieren minar la institucionalidad desprestigiando a la presidenta", afirmó Adrianzén. En su opinión, este ataque no solo busca debilitar a Boluarte, sino también generar condiciones para su eventual destitución.

El primer ministro destacó que en los últimos domingos, programas de investigación de medios de comunicación han centrado sus reportajes en la figura de Boluarte y en otros miembros del Ejecutivo, sugiriendo la existencia de irregularidades en la gestión del gobierno. “Cada domingo aparecen en televisión reportajes periodísticos sobre la presidenta y otros miembros del Ejecutivo”, señaló Adrianzén, preguntándose si el Ministerio Público no resguarda esas investigaciones.

Acoso fiscal y excesos de la Fiscalía

Adrianzén aseguró que, si bien desde el Ejecutivo se respeta la independencia de los poderes del Estado y la libertad de prensa, “lamentablemente ya no sorprende que el Ministerio Público cometa excesos contra la presidenta de la República o miembros del Gabinete Ministerial". Según el primer ministro, las acciones del Ministerio Público son un claro ejemplo de abuso de poder. “Este acoso fiscal sistemático a la mandataria es inconstitucional e ilegal”, sentenció.

El primer ministro también denunció “un mal uso de la libertad de expresión e información" en los medios de comunicación, donde considera que ciertos sectores han emprendido una campaña constante contra la presidenta. A su juicio, estos ataques son parte de un plan para “perjudicar la imagen” de Boluarte y generar un ambiente propicio para su vacancia (destitución).

Demandas constitucionales y protección a la presidenta

Para frenar lo que considera un ataque injustificado, el premier Gustavo Adrianzén recordó que el Ejecutivo ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) para que defina claramente las causales legales que permitirían investigar a la presidenta. Adrianzén expresó su confianza en que el TC “sentará jurisprudencia” para fortalecer la gobernabilidad y la estabilidad política del país. “Confío en la sapiencia del TC para sentar jurisprudencia y fortalecer la gobernabilidad, indispensable para afianzar el crecimiento económico”, dijo.

Además, subrayó que el artículo 117 de la Constitución protege a la presidenta, estableciendo que solo puede ser acusada por delitos graves como traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso, o atentar contra el funcionamiento del sistema electoral. Adrianzén advirtió que el Ministerio Público debería tener “precaución” al formular denuncias contra Dina Boluarte, dado que ella goza de esta protección constitucional.

Confianza en el debido proceso y en la imparcialidad de la justicia

A pesar de sus declaraciones, Adrianzén renovó su confianza en el debido proceso y la imparcialidad de los operadores de justicia en el país. “Hago votos para que prime el debido proceso y renuevo mi confianza en la imparcialidad de operadores de justicia alejados de sesgos políticos", destacó el primer ministro.

Por último, enfatizó que el Perú no debe permitir que los operadores de justicia se conviertan en “marionetas de intereses oscuros" que puedan manipular el sistema judicial para fines políticos. En este contexto, Adrianzén Olaya hizo un llamado a la unidad y al respeto a las instituciones, cruciales para el desarrollo del país.