En el ámbito de la educación superior en el Perú, uno de los principales desafíos ha sido la implementación de un sistema de licenciamiento que garantice la calidad educativa. Sin embargo, la propuesta de modificación al reglamento de la Ley N° 30512, presentada por el Ministerio de Educación (Minedu), ha generado preocupación entre los actores clave del sector. Las reformas introducidas no solo mantienen los problemas existentes, sino que agregan nuevas dificultades, incrementando la burocracia sin abordar los problemas fundamentales.
La propuesta del Minedu pretende regular de manera más efectiva el proceso de licenciamiento. Sin embargo, es importante analizar que las nuevas normativas podrían crear barreras adicionales que no solo harán más engorroso el proceso, sino que también podrían frenar el desarrollo de los institutos. Además, la reforma generaría mayor burocracia sin garantizar soluciones efectivas, lo que refleja una creciente frustración ante la falta de respuestas claras y directas.
Uno de los aspectos más polémicos es la incorporación de nuevos requisitos administrativos que, en lugar de agilizar los procesos, podrían retrasarlos aún más. Se cuestiona la falta de mecanismos claros para acelerar los tiempos de evaluación y se advierte que el aumento en la carga documental podría hacer más lento un proceso ya de por sí complicado. Las instituciones educativas, en lugar de avanzar en el proceso de licenciamiento, podrían quedar atrapadas en una interminable cadena de trámites.
En este contexto, las críticas también se centran en la falta de capacidad operativa dentro del propio Minedu. Se está regulando sin considerar la capacidad operativa del ministerio, lo que inevitablemente generará demoras y afectará a miles de estudiantes. Si la entidad estatal no fortalece sus equipos encargados del licenciamiento y no amplía sus capacidades operativas, es muy probable que las demoras se conviertan en un obstáculo insuperable para las instituciones que desean regularizar su situación.
Un punto clave que también ha generado incertidumbre es la redefinición de los expedientes considerados “complejos”. Esto obligaría a muchas instituciones a solicitar ampliaciones de plazo para cumplir con los nuevos requisitos, lo que podría alargar aún más la aprobación de licencias. La falta de claridad sobre qué ocurre si una institución no solicita la ampliación de plazo genera más dudas y desconfianza en las instituciones educativas.
Más allá de los detalles técnicos de la normativa, uno de los puntos más preocupantes es el déficit de personal especializado en el Minedu para atender la creciente demanda de licencias y renovaciones. El proceso de licenciamiento en el país está avanzando más lentamente de lo esperado y, con más requisitos y mayores cargas administrativas, el tiempo de espera para que las instituciones puedan obtener su licencia podría alargarse aún más. Si el ministerio no refuerza su equipo con más profesionales capacitados, el proceso de licenciamiento podría paralizarse por completo, afectando tanto a las instituciones como a los estudiantes que dependen de ellas.
A siete años de la implementación del proceso de licenciamiento, solo el 15% de las instituciones han logrado cumplir con los requisitos establecidos. Este ritmo de evaluación es alarmante y, si persiste, se necesitarían más de 40 años para completar el licenciamiento de las más de 900 instituciones pendientes. En lugar de promover el avance del sector, el Minedu parece estar introduciendo reformas que podrían retrasar aún más el proceso.
En este escenario, se solicita a las autoridades que revisen la propuesta y abran un espacio de diálogo con las instituciones educativas. La realidad es que el sector de educación superior necesita reformas, pero estas deben implementarse de manera que realmente beneficien a las instituciones y a los estudiantes. Si las soluciones no son efectivas y solo aumentan la burocracia, el objetivo de asegurar una educación de calidad se verá, una vez más, lejísimos de alcanzarse.
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