Ministro de Cultura borró las publicaciones en las que denunciaba un intento de “golpe de Estado blanco” contra Dina Boluarte

El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, ha salido a la defensa de su colega Juan José Santiváñez, titular de la cartera de Interior cuestionado por su manejo de la inseguridad ciudadana y señalado por el presunto pago de coimas a jueces. Siguiendo la línea de la presidenta Dina Boluarte, la cabeza del Mincul mencionó el intento de un “golpe de Estado blanco”.

El hecho que más llamó la atención no fue solo el video difundido desde la redes sociales del Ministerio de Cultura, sino las constantes eliminaciones del mismo. Mientras que en una primera publicación se hace mención a un “intento de golpe de Estado blando”, en otro solo se describe la publicación como un “mensaje de solidaridad ante el allanamiento de la vivienda del ministro del Interior, Juan José Santiváñez”.

“Quiero expresar mi solidaridad con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, dado que se quiere desestabilizar al Poder Ejecutivo pretendiendo dar un golpe de Estado blanco, tal como lo ha denunciado la señora presidenta de la República”, se oye al inicio del video publicado hasta en tres oportunidades.

El resto de la publicación se aleja por completo de los temas que suele atender la cartera de Cultura. “Intentar desestabilizar el país solo afectaría gravemente el crecimiento económico que hemos tenido en los últimos dos años. Los logros de este gobierno son innegables y la evidencia lo respalda”, agregó para luego detallar los presuntos éxitos del gobierno de Boluarte.

Dina Boluarte, el ministro Morgan Quero y el ministro Valencia han repetido el término “golpe de Estado blanco” para referirse a los presuntos intentos de la oposición para retirar a la presidenta de la República del poder. Sin embargo, el término comúnmente usado es “golpe de Estado blando”. Infobae Perú intentó contar con las declaraciones del ministro Fabricio Valencia, pero la oficina de prensa de la institución ha señalado que “por el momento no dará entrevista”.

Valencia llegó al Poder Ejecutivo en septiembre de 2024 en reemplazo de Leslie Urteaga. Este  es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en el tratamiento jurídico del patrimonio cultural. Tiene estudios de maestría en Museología y Gestión Cultural en la Universidad Ricardo Palma y un Posgrado Internacional en Patrimonio y Turismo Sostenible en la Universidad Nacional Tres de Febrero, Buenos Aires – Argentina.

Reacción a las declaraciones

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha rechazado enérgicamente las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien acusó a la Fiscalía y a ciertos medios de comunicación de colaborar en un “golpe de Estado blando”. La ANP considera estas afirmaciones como el ataque más grave de Boluarte contra la prensa desde su asunción al cargo.

Durante una reunión multisectorial para abordar las emergencias por lluvias, la presidenta criticó el allanamiento al domicilio del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, calificándolo como parte de un acoso político sistemático contra su gestión. Boluarte señaló que “los golpes de Estado ya no provienen del Ejército, sino del Ministerio Público”, sugiriendo una complicidad entre la Fiscalía y medios de comunicación para desestabilizar su gobierno.

La ANP respondió que el periodismo tiene el deber irrenunciable de investigar y denunciar posibles actos de corrupción, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos o a su entorno cercano. Descalificar esta labor, según la ANP, constituye un grave atentado contra la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Además, la presidenta acusó al programa dominical Cuarto Poder de hostigarla desde el inicio de su mandato, extendiendo esta acusación al ministro Santiváñez. La ANP calificó de nocivo que la mandataria haga acusaciones directas a espacios periodísticos, intentando referirse a ellos de manera despectiva. Estas declaraciones, según la ANP, no solo profundizan el historial de ataques y estigmatización contra el periodismo, sino que también marcan una peligrosa escalada al señalar a los medios como cómplices de un atentado contra el Estado de derecho.