La deforestación en la Amazonía peruana, impulsada por la conversión de bosques en áreas modelo, representa el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el país, según un informe reciente de Oxfam titulado “El laberinto verde”. Entre 2015 y 2022, se perdieron aproximadamente 773.000 hectáreas de bosque en las unidades agropecuarias más extensas, lo que equivale a 468,1 gigagramos de dióxido de carbono equivalente (GgCO2e) emitidos a la atmósfera. Este fenómeno no solo tiene implicaciones ambientales, sino que también agrava los conflictos sociales y pone en riesgo a las personas defensoras del ambiente, especialmente a los pueblos indígenas.
De acuerdo con el informe, las inconsistencias en las políticas nacionales han permitido que los agronegocios de gran escala se expandan sin control, particularmente en el cultivo de commodities como la palma aceitera. Este modelo de desarrollo agrícola, que muchas veces opera bajo una aparente legalidad, perpetúa la desigualdad estructural en la tenencia de tierras y genera graves conflictos en la región amazónica. Según Oxfam, solo el 34% de las tierras agrícolas en el Perú cuentan con títulos de propiedad, y en departamentos amazónicos como Madre de Dios y Amazonas, esta cifra desciende a menos del 5%.
Riesgos para los defensores ambientales
El avance de los agronegocios no solo afecta los ecosistemas, sino que también incrementa los riesgos para las personas defensoras del ambiente. Según el informe, el 40% de las personas defensoras en situación de riesgo en el Perú pertenecen a pueblos indígenas de la Amazonía. Estas comunidades enfrentan amenazas constantes relacionadas con actividades ilegales como la tala y el tráfico de tierras, que se ven exacerbadas por la expansión de los agronegocios.
Alejandra Alayza, directora de Oxfam en Perú, señaló que este modelo de desarrollo agrícola favorece a grandes empresas en detrimento de las comunidades indígenas, quienes deben atravesar procesos largos y complejos para obtener el reconocimiento de sus territorios. “Los agronegocios a gran escala están generando mayores desigualdades en la tenencia de tierras, al favorecer a grandes empresas en desmedro de las comunidades indígenas. Esta situación no solo aumenta la vulnerabilidad de las comunidades, sino que también las expone a graves conflictos y violaciones de derechos humanos”, afirmó Alayza.
Grandes plantaciones evaden la regulación ambiental
El informe detalla cómo las grandes plantaciones agrícolas han encontrado formas de eludir la regulación forestal y ambiental en el Perú. Muchas empresas aprovechan normativas diseñadas para pequeños agricultores con el fin de formalizar grandes extensiones de tierras previamente deforestadas. Este proceso comienza con la deforestación y la instalación de cultivos en áreas boscosas. Posteriormente, las parcelas se formalizan como pequeñas propiedades agrícolas, y finalmente, las grandes empresas adquieren estas tierras ya tituladas, evitando así cumplir con los requisitos ambientales y forestales.
Una de las principales fallas en la regulación es que no distingue si las tierras formalizadas contienen bosques o no. Según el informe, muchas de estas parcelas son inicialmente ocupadas por traficantes de tierras, quienes buscan titularlas para luego venderlas a grandes empresas. Este vacío legal permite que los agronegocios se expandan sin cumplir con las normativas ambientales, lo que agrava la deforestación y los conflictos sociales en la región.
Propuestas para un enfoque integral en la Amazonía
Ante esta problemática, el informe “El laberinto verde” subraya la necesidad de implementar un enfoque integral para la Amazonía peruana. Este enfoque debe incluir el ordenamiento territorial, la conservación de los bosques y el respeto a los derechos humanos, involucrando tanto al Estado como al sector privado y los mercados internacionales. Entre las medidas prioritarias, Oxfam propone evitar la promoción de agronegocios en bosques primarios, fortalecer la titulación integral de tierras colectivas y garantizar el control y monitoreo participativo de los territorios forestales.
Además, el informe destaca la importancia de fortalecer la certificación y fiscalización ambiental de los agronegocios, así como de implementar políticas que aseguren la sostenibilidad de las cadenas de valor. Estas acciones son fundamentales para frenar la deforestación y proteger los derechos de las comunidades indígenas, quienes son las principales afectadas por la expansión descontrolada de los agronegocios.
Un modelo insostenible para el futuro de la Amazonía
El modelo de agronegocios a gran escala en la Amazonía peruana no solo pone en riesgo los ecosistemas y la biodiversidad, sino que también perpetúa las desigualdades sociales y amenaza los derechos de las comunidades indígenas. Según Oxfam, la falta de regulación efectiva y las inconsistencias en las políticas nacionales han permitido que este modelo se expanda sin control, generando graves consecuencias ambientales y sociales.
La deforestación causada por la conversión de bosques en áreas agropecuarias no solo contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también pone en peligro el futuro de la Amazonía como uno de los principales pulmones del planeta. En este contexto, resulta urgente adoptar medidas integrales que prioricen la conservación de los bosques, el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad de las actividades económicas en la región.
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