Contraloría se pronuncia sobre funcionaria que exoneró a Dina Boluarte: fue “imparcial y transparente”

La Contraloría General de la República se ha pronunciado sobre la funcionaria que exoneró a la presidenta Dina Boluarte de un presunto desbalance patrimonial, asegurando que la fiscalización realizada cumplió con los procedimientos establecidos y se llevó a cabo con “total imparcialidad y transparencia”. En un comunicado oficial difundido por las redes sociales de la Contraloría el lunes 17 de febrero, la entidad reafirmó su compromiso con la supervisión del uso de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción.

El comunicado de la Contraloría se da en el marco de un reportaje del dominical Cuarto Poder, difundido el domingo 16 de febrero. La investigación reveló que la funcionaria Vanessa Walde Ortega, quien firmó el informe que exoneró a la presidenta Dina Boluarte del presunto desbalance patrimonial, se encuentra fuera del país desde enero del 2025, pese a seguir recibiendo su salario. Además, se detalló que el informe de la Contraloría, encabezada por César Aguilar Surichaqui, contradice las observaciones previas de la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detectaron cuentas bancarias no declaradas por la mandataria, y un incremento patrimonial de 58.699,97 soles sin un origen claro.

Según la Contraloría, la revisión del caso de la presidenta Boluarte se realizó dentro del marco normativo vigente y sin distinciones entre funcionarios. “En el marco de sus funciones y competencias establecidas en la normativa vigente, la Contraloría General de la República lleva a cabo el proceso de fiscalización a las declaraciones juradas conforme a las normas y procedimientos aplicables a todos los funcionarios públicos, sin distinción alguna”, señala el documento.

¿Un proceso de fiscalización imparcial?

En el comunicado, la Contraloría General de la República aseguró que la fiscalización realizada a la funcionaria Vanessa Walde Ortega se efectuó con “total imparcialidad y transparencia”, abarcando los años 2022 y 2023, con un proceso que se llevó a cabo entre marzo y octubre de 2024. Según el comunicado, esta revisión siguió estrictamente las normas vigentes, basándose en información autorizada y garantizando la continuidad investigativa. Además, la Contraloría enfatizó que la permanencia de los mismos miembros de la comisión durante todo el proceso asegura la objetividad e independencia de los resultados obtenidos.

No obstante, el reportaje de Cuarto Poder expone inconsistencias que ponen en duda esta versión. La ausencia de Walde contradice la afirmación de la Contraloría sobre la “permanencia de los mismos miembros de la comisión” durante todo el proceso de fiscalización. Además, Cuarto Poder reveló que tras la llegada del contralor César Aguilar Surichaqui, se produjeron cambios en el personal de la Contraloría, con la salida de fiscalizadores experimentados y la llegada de nuevos funcionarios con contratos temporales.

Contraloría dispuesta a colaborar con investigación del Ministerio Público

El ente de control también dejó en claro que el Ministerio Público es la entidad responsable de investigar posibles irregularidades y determinar si existe responsabilidad en el caso de la presidenta Boluarte. “Cabe precisar que, al tratarse de un procedimiento en curso y encontrarse dentro del ámbito del Ministerio Público, como órgano competente, la Contraloría no puede emitir pronunciamiento alguno respecto al fondo del asunto. Cualquier declaración en este sentido podría viciar el proceso de investigación.”, se detalla en el comunicado.

Finalmente, como la Fiscalía de la Nación continúa alistando nuevas acusaciones constitucionales contra Boluarte, la Contraloría reiteró que ha remitido toda la información requerida por la Fiscalía y que está “plenamente dispuesta a colaborar con el proceso de investigación cuando esta lo solicite”. Asimismo, reafirmó su “compromiso con la transparencia, el control del uso de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción, garantizando absoluta imparcialidad, en el marco de sus competencias, siempre a favor de la legalidad y el interés público.”