La muerte del estudiante peruano de Medicina Marco Aurelio Acosta Cárdenas, ultimado por policías en Brasil, ha generado un pedido urgente de justicia por parte de su padre, el cardiólogo Julio César Acosta, quien solicita la intervención del Gobierno de Dina Boluarte.
El joven, de 22 años e interno de la facultad de Medicina de la Universidade Anhembi-Morumbi, fue baleado por dos agentes militares la noche del 20 de noviembre de 2024, cuando se encontraba desarmado y acorralado contra una reja en la entrada de un hotel en São Paulo.
Los policías Guilherme Augusto Macedo y Bruno Carvalho do Prado afirmaron en un inicio que dispararon en defensa propia y que Marco Aurelio intentó atacarlos. Sin embargo, videos de seguridad desmintieron esa versión y revelaron un uso ilegítimo de la fuerza, según un informe difundido por el portal de investigación Epicentro.
Las imágenes de la cadena TV Globo muestran que los agentes decidieron seguir al joven sin razón aparente. Uno de ellos comentó: “Sigamos a este niño. Solo quiero ver si lo van a golpear”. Minutos después, tras un altercado menor en el que Marco Aurelio golpeó el espejo retrovisor del patrullero, los policías descendieron del vehículo y lo persiguieron.
En la grabación se escucha a uno de los agentes gritarle: “Que te jod*n, hijo de p**a. Acuéstate o te lo llevas, te lo llevas, acuéstate. Te lo llevas”. Acorralado contra la reja, Marco Aurelio solo alcanzó a responder: “Quítame las manos de encima” antes de recibir un disparo en el abdomen. Aun en el suelo, herido de gravedad, los policías continuaron amenazándolo: “Si te mueves, te tocará otro”.
A pesar de las pruebas en su contra, ninguno de los agentes ha sido encarcelado. El Departamento de Homicidios y Protección Personal (DHPP) concluyó que Macedo “asumió el riesgo de muerte”, ya que disparó sin justificación. Sin embargo, la policía civil no clasificó el hecho como homicidio calificado ni solicitó prisión preventiva para los responsables.
El caso ha provocado indignación, especialmente porque la jueza Luciana Menezes Scorza, quien dejó en libertad a los agentes, ha sido criticada por su severidad en otros casos menores.
“Supe que, anteriormente en 2021, había negado la libertad a una madre de cinco hijos que robó una Coca-Cola, fideos y jugo en polvo de un supermercado en Vila Mariana. En 2022, ordenó la detención de un hombre sospechoso de sufrir tuberculosis que por hambre robó dos pasteles en un mercado. Es decir, para la pobre gente que roba por hambre la jueza es muy dura, pero para los policías asesinos pagados por el Estado es buenita”, denunció Julio César Acosta Navarro, padre de Marco Aurelio.
En una carta dirigida a la Embajada del Perú en Brasilia, el Consulado en São Paulo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el médico peruano reclamó apoyo para elevar el caso a instancias internacionales.
“Pido que el Perú asuma la defensa de los derechos más fundamentales de sus conciudadanos y eleve la denuncia por el crimen hediondo contra mi hijo. Es necesario demostrar al mundo que el Perú es un pueblo solidario y valiente”, escribió en la misiva difundida por Epicentro.
Brutalidad policial en Brasil
El asesinato de Marco Aurelio se suma a una serie de abusos cometidos por las fuerzas del orden en el país vecino. En los últimos meses, se han registrado otros casos similares, como el de un motociclista arrojado desde un puente por agentes y el de un joven abatido con 11 disparos en la espalda por un policía vestido de civil tras robar un jugo en un supermercado.
En diciembre de 2024, el presidente Lula da Silva emitió un decreto para regular el uso de la fuerza policial, pero la medida fue rechazada por varios gobernadores, incluido el de São Paulo.
Según el reporte periodístico, Brasil es uno de los países con mayor índice de brutalidad policial. Solo en el estado de São Paulo, en 2024, una de cada cuatro personas asesinadas fue víctima de la policía. En dos años, los homicidios atribuidos a las fuerzas del orden se duplicaron, pasando de 421 en 2022 a 814 en 2024.
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