Diversas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y de comunidades vulnerables han expresado su preocupación ante la posible fusión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Estas organizaciones, agrupadas en el colectivo “Las Lilas”, que incluye a Promsex, Manuela Ramos, Flora Tristán, Amnistía Internacional, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y DEMUS han advertido sobre los graves riesgos de esta medida.
La alerta se da en el contexto del reciente cambio de gabinete, donde los nuevos titulares han manifestado una postura favorable a la integración de ambas carteras. Esta posibilidad ha sido respaldada por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien ha justificado la reestructuración del aparato estatal en nombre de una mayor eficiencia en la gestión gubernamental. No obstante, las organizaciones consideran que este argumento encubre los escandalosos actos de corrupción en el Midis y el avance de la agenda antiderechos.
Sostienen que los recientes casos de corrupción en el Midis y su programa Qali Warma lo harían incompetente para absorber a otro ministerio. “Un ministerio con escándalos de esta magnitud y cuya única respuesta fue el cambio de nombre del programa, no puede ser garante de una buena gestión. Hay muchos programas sociales fundamentales para la protección de las mujeres y niños que podrían verse afectados”, afirmaron.
“Las Lilas” han señalado que el MIMP cumple un rol fundamental en la garantía de derechos de las mujeres, niñas, niños, adultos/as mayores y otras poblaciones vulnerables, y su absorción por el MIDIS, en vez de fortalecer, podría diluir sus competencias y obstaculizar la ejecución de las políticas especializadas en prevención de la violencia y atención de la infancia, por ejemplo.
Las organizaciones han convocado a un debate público para exponer las implicancias de esta medida, solicitando transparentar los documentos técnicos que sustentan esta decisión, que se viene a implementar en el último año de un gobierno cuestionado por corrupción y gravemente deslegitimado. Una reforma del Estado no puede hacerse en estas condiciones.
“Las Lilas” hace un llamado a la sociedad civil, a los legisladores y a la comunidad internacional a estar vigilantes y rechazar esta medida.
Fusiones en la mesa
El gobierno de Dina Boluarte anunció una propuesta de reestructuración del Estado peruano que incluye fusiones ministeriales y la creación de un nuevo Ministerio de Infraestructura, como parte de un plan para optimizar la gestión pública. La iniciativa, liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, busca simplificar la administración estatal mediante la reducción de trámites burocráticos y una mejor distribución de recursos gubernamentales.
Principales medidas propuestas
- Fusión de carteras ministeriales para eliminar duplicidades funcionales
- Creación de un Ministerio de Infraestructura que centralice proyectos de transporte, obras públicas y conectividad
- Rediseño de procesos administrativos para agilizar trámites ciudadanos
Objetivos del plan
El Ejecutivo pretende mejorar la eficiencia estatal mediante:
- Reducción de estructuras administrativas redundantes
- Optimización del gasto público
- Aceleración en la ejecución de proyectos estratégicos
La propuesta se encuentra en fase de evaluación técnica y legal antes de su presentación formal al Congreso de la República, proceso previsto para las próximas semanas. Adrianzén destacó que estas reformas buscan modernizar el aparato estatal sin afectar servicios esenciales a la ciudadanía.
Este anuncio forma parte de las políticas de ajuste institucional que el gobierno viene implementando desde 2024, enfocadas en racionalizar la estructura del Estado peruano. La implementación final dependerá del análisis legislativo y los consensos políticos alcanzados en el Parlamento.
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