Comunidad Tintaya Marquiri denuncia a la minera Antapaccay por contaminación ambiental y afectaciones a la salud de sus pobladores

El pasado 22 de enero de 2025, la comunidad originaria de Tintaya Marquiri, ubicada en la provincia de Espinar, en el departamento de Cusco, presentó una denuncia formal ante la Fiscal Superior de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos Medioambientales contra la empresa minera Antapaccay, subsidiaria de la transnacional suiza Glencore, a la que acusan de ser responsable de graves daños ambientales en su territorio. Según los comuneros, la contaminación ha afectado tanto al medio ambiente como a la salud de los habitantes de la zona, quienes han reportado la presencia de metales pesados en sus cuerpos.

De acuerdo con lo informado, la denuncia se sustenta en los informes de Evaluación Ambiental de Causalidad (EAC) elaborados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en 2023. Estos documentos concluyen que existe contaminación ambiental en Espinar, y señalan a la minera como responsable. Según el informe OEFA N° 00144, la empresa acumuló más de 60 denuncias ambientales entre 2012 y 2022, lo que refuerza las acusaciones de los comuneros.

Falta de consulta previa y permisos irregulares

Representantes de Tintaya Marquiri viajaron a Lima para realizar una conferencia de prensa en la que denunciaron públicamente las irregularidades en las operaciones de la planta industrial de óxidos de Antapaccay. Según los comuneros, esta planta, que busca reiniciar sus actividades, no fue incluida en la consulta previa realizada en 2015 y aprobada en 2019. Julio Ccapa Ccamaqque, presidente de la comunidad, expresó su indignación al señalar que la empresa no informó sobre el inicio de operaciones de esta planta, lo que constituye una violación a los derechos de las comunidades.

Además, los comuneros indicaron que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) confirmó que la planta de óxidos no cuenta con los permisos necesarios para operar. Ante esta situación, exigieron que la consulta previa sea declarada nula, el cierre definitivo de la unidad minera Antapaccay y el desmantelamiento de la planta hasta que se resuelvan las irregularidades detectadas.

Impactos ambientales y de salud en la comunidad

Durante la conferencia, los comuneros denunciaron que llevan más de 40 años enfrentando las consecuencias negativas de la actividad minera en su territorio. Entre los principales problemas mencionaron la contaminación de fuentes de agua y la presencia de metales pesados en la sangre de los habitantes, lo que representa un grave riesgo para la salud pública. Según los comuneros, estas afectaciones han sido documentadas en los estudios de causalidad realizados por el OEFA, que concluyen que la empresa minera es responsable de los daños.

Edith Cahuana Aparicio, presidenta del Comité de Autodefensa de los Intereses de la comunidad, informó que ya se ha presentado una demanda ante la Fiscalía de la Nación para que Antapaccay sea sancionada por los daños causados. Asimismo, destacó que la lucha por justicia ha implicado grandes sacrificios para los comuneros, quienes deben viajar a Lima, dejando atrás sus trabajos y familias, para hacer valer sus derechos.

Compromisos del OEFA

“No somos antimineros, exigimos minería responsable”. El 22 de enero, los comuneros sostuvieron una reunión con representantes del OEFA, en la que solicitaron información sobre las sanciones y medidas adoptadas contra Glencore-Antapaccay por la contaminación generada en su territorio. Durante el encuentro, el organismo se comprometió a proporcionar información completa sobre los informes de Evaluación Ambiental de Causalidad y los Procesos Administrativos Sancionadores (PAS) relacionados con la empresa minera.

Además, el OEFA anunció que realizará una visita inopinada a la unidad minera Antapaccay para verificar las denuncias de los comuneros sobre el posible reinicio de operaciones de la planta de óxidos y los riesgos ambientales asociados. Este compromiso fue recibido con expectativa por los representantes de Tintaya Marquiri, quienes esperan que las autoridades actúen con celeridad y firmeza para garantizar la protección de su territorio.