
La bancada de Acción Popular, presentó un proyecto de ley para declarar en emergencia y reestructurar el Ministerio del Interior ante la grave crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país. La medida responde a la creciente preocupación por la seguridad ciudadana y la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas del resguardo del orden público.
Esta iniciativa establece que la Secretaría General del Ministerio del Interior, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional del Perú, deberá realizar una evaluación exhaustiva sobre la situación del sector interior, de orden interno y de seguridad pública. Este proceso tendrá un plazo máximo de 90 días hábiles y deberá concluir con una propuesta de reestructuración tanto del Ministerio del Interior como de la PNP
La iniciativa busca optimizar la gestión del sector y mejorar la capacidad de respuesta ante los desafíos en materia de seguridad. Expertos en materia de seguridad han señalado que la crisis en el Mininter sector responde a la alta rotación de ministros que hubo en los últimos años.

Hay que recordar que Juan José Santiváñez es el sexto ministro en asumir la cartera del Interior en los menos de dos años que tiene la gestión de Dina Boluarte. Lo que ha debilitado la entidad, ya que quienes asumen el liderazgo de la cartera no tienen el tiempo para diseñar y ejecutar las políticas públicas en materia de seguridad a realizar.
En la propuesta legislativa se recoge informes de los medios de comunicación sobre percepción de inseguridad ciudadana hechos en el 2024. Según los datos, durante el primer semestre de ese año, la precisión de inseguridad ciudadana en Lima Metropolitana era del 89,9 %, mientras que en el Callao la cifra llega al 88,5 %.
El documento menciona que la crisis de inseguridad debe afrontarse atacando “las causas ampliamente identificadas y estudiadas en los diversos diagnósticos” sin caer en “soluciones mediáticas o populistas que no estén de acuerdo con la realidad; soluciones que no respondan a criterios personales o a la decisión del ministro de turno. La solución obedece a una acción colectiva y consensuada, que privilegie el desarrollo y supervisión de procesos, de acuerdo a cronogramas establecidos”.

Terrorismo urbano
El debate sobre la inseguridad ciudadana en Perú ha escalado con fuerza en los últimos días, especialmente tras las declaraciones del alcalde de Magdalena, Francis Allison, quien señaló directamente a la presidenta Dina Boluarte como responsable de la crisis de seguridad que afecta al país. El burgomaestre expresó su rechazo a la propuesta de ley de terrorismo urbano impulsada por el gobierno, calificándola como insuficiente para abordar los problemas estructurales que enfrenta la Policía Nacional del Perú (PNP).
En una entrevista con Canal N, Allison afirmó que la inseguridad no se resolverá con un cambio de terminología o con leyes que no aborden las necesidades reales de la policía. “El problema de la inseguridad se llama Dina Boluarte”, declaró, enfatizando que la solución pasa por una mayor inversión en áreas clave como inteligencia, investigación y criminalística. El alcalde también criticó que los recursos se destinen a la compra de armamento de guerra en lugar de cubrir necesidades básicas como la adquisición de vehículos para patrullaje.
La propuesta de ley de terrorismo urbano, que ha generado controversia en el ámbito político y social, fue anunciada como una prioridad por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana. Este proyecto busca tipificar delitos como la extorsión y el sicariato bajo el concepto de terrorismo urbano, además de endurecer las sanciones para estos crímenes, que han mostrado un preocupante aumento en diversas regiones del país.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, respaldó la iniciativa legislativa, argumentando que su objetivo es fortalecer el marco legal para combatir la delincuencia organizada.
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