Suboficiales de la PNP investigados por presunto robo de pruebas en caso de burrier fallecido en el Aeropuerto Jorge Chávez

La imagen de la Policía Nacional del Perú (PNP) enfrenta un nuevo desafío. Un caso que involucra a tres suboficiales en la supuesta apropiación indebida de pertenencias de un burrier fallecido. La trama comienza en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuando Gian Carlo Ferrari Silva, un presunto traficante de drogas, pierde la vida tras ingerir cápsulas de cocaína que se reventaron en su organismo. Lo que debería haber sido una operación estándar para preservar pruebas y esclarecer vínculos criminales, se ha convertido en una investigación que apunta directamente a la corrupción dentro de la institución policial.

El relato inicia con el sujeto, quien intentaba abordar un vuelo hacia Cancún cargando cerca de medio kilo de droga en cápsulas ingeridas. Tras ser captado por cámaras de seguridad en diversos momentos del aeropuerto, su actitud relajada daba señales de seguridad. Sin embargo, al colapsar en un restaurante, tras comer una hamburguesa, el burrier fue atendido por personal médico y policías en turno. En ese instante, se produjo el supuesto acto ilícito que ahora centra las indagaciones: la desaparición de su laptop y su celular, dispositivos que contenían información valiosa para las investigaciones antidrogas.

Una escena bajo sospecha

Las imágenes de seguridad registraron los movimientos de tres suboficiales en momentos clave. Jean Pierre Barón Regalado, Brayan Vargas Velaochaga y Henry Yáñez Chuña figuran en la investigación por haber manejado las pertenencias de Ferrari en circunstancias cuestionables. Según informes de la Dirección Antidrogas (Dirandro), Barón fue visto llevando la mochila del occiso desde el lugar de los hechos hasta el patrullero. En paralelo, Vargas se encargó de redactar las actas relacionadas con la intervención, mientras que Yáñez parecía distraído, revisando su teléfono móvil mientras ocurrían los hechos.

Impacto en la investigación antidrogas

La desaparición de estos dispositivos tecnológicos representa un obstáculo significativo para las pesquisas sobre los posibles nexos internacionales de Ferrari. Según fuentes cercanas al caso, la información contenida en el celular y la laptop podría haber revelado detalles sobre las rutas del narcotráfico y las personas implicadas. Al respecto, un informe de la Dirandro sugiere que los policías no actuaron por simple descuido, sino con la intención de encubrir a una organización criminal de mayor escala. “Acá no hablamos solo de un robo, sino de un ocultamiento deliberado de pruebas que encubre delitos mayores”, indicó un especialista consultado por el dominical.

El diagnóstico oficial de la muerte del burrier fue intoxicación por sustancias químicas, pero la desaparición de las pruebas materiales llevó a las autoridades a considerar hipótesis más complejas. “La corrupción se convierte en un eslabón más dentro de una cadena que obstaculiza el trabajo antidrogas en el país”, concluyó un funcionario que prefirió mantener el anonimato.

Mientras tanto, el suboficial Barón, señalado como el encargado de trasladar la mochila, se encuentra “de vacaciones”, según las versiones obtenidas. La ausencia de testigos presenciales en la apertura de la mochila también fue documentada como una irregularidad en el informe policial. Por su parte, Yáñez evitó responder directamente a las acusaciones y argumentó invasión de privacidad cuando fue confrontado por periodistas.

El caso continúa siendo investigado por la Fiscalía Penal del Callao, aunque los avances son limitados debido a la falta de pruebas físicas. La desaparición de los dispositivos tecnológicos y la falta de colaboración de los involucrados han generado una percepción de impunidad que afecta la confianza ciudadana en las fuerzas del orden. Por ahora, la institución policial ha manifestado su disposición a aplicar sanciones administrativas en caso de que se demuestre responsabilidad por parte de los agentes implicados.

La expectativa recae sobre el sistema judicial y los organismos de control interno de la policía, quienes deberán determinar si este episodio será abordado con la transparencia y firmeza necesarias o se sumará a la lista de casos archivados sin resolver. La sociedad sigue atenta, exigiendo respuestas claras y, sobre todo, justicia.