En diciembre pasado, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) presentó una solicitud al Poder Judicial para la detención preliminar de Bélgica Arangoitia Horna, esposa del congresista Darwin Espinoza, por su presunta participación en actividades delictivas. Sin embargo, el pedido fue rechazado debido a la vigencia de la Ley 32181, que eliminó la figura de detención preliminar en casos donde no exista flagrancia.
Según informó Latina Noticias, la hipótesis del Ministerio Público acusa a Bélgica Arangoitia de formar parte de una organización criminal liderada por su esposo, parlamentario del partido Podemos Perú. Dicha organización habría recibido favores y beneficios económicos de la empresaria Sada Goray Chong a cambio de promover medidas legislativas favorables a sus intereses en el sector Vivienda.
El EFICCOP argumentó que la detención preliminar era necesaria para garantizar el desarrollo de las investigaciones en curso y evitar que las personas implicadas obstaculizaran el proceso judicial. Entre los allegados al congresista incluidos en la solicitud se encontraba su esposa, Bélgica Arangoitia. No obstante, el juzgado desestimó el requerimiento, basándose en que la Ley 32181, aprobada por el Congreso.
Acusaciones contra Bélgica Arangoitia y Darwin Espinoza
De acuerdo con el Ministerio Público, Bélgica Arangoitia habría recibido la suma de 10 mil dólares en efectivo de manos de la empresaria Sada Goray Chong, quien entregó el dinero en un sobre cerrado el 17 de diciembre de 2021. Este monto formaba parte de un supuesto acuerdo para que el congresista Darwin Espinoza, quien presidía en ese momento la Comisión de Vivienda del Congreso, promoviera un proyecto de ley diseñado para beneficiar los intereses empresariales de Goray.
Según el testimonio de un colaborador eficaz, el intercambio de dinero ocurrió en presencia del parlamentario. La empresaria habría dicho en ese momento: “Acá las mujeres son las que mandan”, mientras Bélgica Arangoitia guardaba el sobre en su cartera.
De acuerdo con el citado medio, además del pago en efectivo, la pareja Espinoza-Arangoitia habría recibido un viaje a Punta Cana financiado por Goray. Este viaje, valorizado en 6 mil dólares, incluyó vuelos, estadía en el hotel Grand Bavaro Princess, y un paseo en yate como parte de la celebración del cumpleaños de Arangoitia en enero de 2022.
La investigación también señala que Sada Goray pagó los honorarios de un abogado que defendió a Bélgica Arangoitia en un proceso legal relacionado con presuntos actos de corrupción en el SENCICO (Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción). Incluso, se detalla que Goray cubrió los costos de sesiones con una “consejera espiritual” para la pareja, las cuales se realizaron en la residencia de la empresaria.
Latina Noticias intentó comunicarse con Bélgica Arangoitia para obtener su versión de los hechos, pero la acusada no respondió a las llamadas ni a los mensajes enviados vía WhatsApp. Ante el nivel de detalle presentado por la Fiscalía, las autoridades continúan evaluando alternativas legales para garantizar el desarrollo de las investigaciones.
Denuncia constitucional
En diciembre del 2024, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Darwin Espinoza, miembro de la bancada de Podemos Perú, por presuntos delitos de concusión, peculado por utilización y peculado de uso, en perjuicio del Estado peruano. Según la denuncia, estos hechos estarían vinculados a abusos cometidos por el legislador en el ejercicio de su cargo, en los cuales se habrían visto involucrados trabajadores de su despacho.
De acuerdo con el Ministerio Público, Espinoza habría obligado a sus empleados a realizar contribuciones de dinero, que luego serían empleados para financiar diversos gastos personales y actividades de su campaña. Entre los gastos en cuestión se incluyen la compra de obsequios y la organización de eventos de recolección de firmas en varias provincias de Áncash, además de cubrir sus costos de transporte, hospedaje y alimentación para asistir a estos actos.
Fiscalía también sostiene que los trabajadores, en su mayoría, habrían hecho estos aportes bajo la amenaza de perder su empleo si no cumplían con las exigencias del legislador. De ser ciertos los cargos, se trataría de un abuso de poder y una grave violación a los derechos laborales de los empleados implicados, lo que ha generado una reacción judicial en torno a la responsabilidad de Espinoza en estos hechos.
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