Contraloría recopila información sobre contrataciones en el Congreso en el marco de la presunta red de prostitución

La Contraloría General de la República ha identificado un total de 36.199 situaciones adversas en la gestión pública de diversas entidades del gobierno nacional, regional y local entre agosto y diciembre de 2024. Estas observaciones, que fueron comunicadas a través de 19.569 informes de control simultáneo, abarcan sectores clave como Educación, Transportes, Salud, Saneamiento, Ambiente y Comunicaciones. En paralelo, el organismo ha anunciado el inicio de un servicio de recopilación de información sobre la contratación de personal en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República, correspondiente al periodo 2023-2024, tras denuncias mediáticas sobre una presunta red de prostitución vinculada a esta área.

De acuerdo con la Contraloría General, el servicio de recopilación de información comenzará el 3 de enero de 2025 y tiene como objetivo verificar que los procesos de contratación se hayan realizado conforme a la normativa vigente. Esta acción busca garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. La decisión de investigar surge luego de que medios de comunicación reportaran posibles irregularidades en la contratación de personal en el Congreso, lo que ha generado preocupación en la opinión pública.

Más de 36.000 alertas en la gestión pública

Entre los resultados más destacados de la Contraloría General durante el segundo semestre de 2024 se encuentra la emisión de más de 36.000 alertas sobre riesgos en la administración pública. Estas situaciones adversas fueron detectadas en actividades de gestión de entidades gubernamentales a nivel nacional, regional y local.

El sector Educación lidera la lista con 5.582 observaciones, seguido por Transportes con 3.777, Salud con 3.669, Saneamiento con 2.671, Ambiente con 2.504 y Comunicaciones con 305. Estas cifras reflejan la magnitud de los desafíos que enfrentan las instituciones públicas en términos de cumplimiento normativo y eficiencia en el uso de los recursos asignados.

La presunta red de prostitución

Un caso de homicidio ocurrido en el distrito de La Victoria, en el que perdió la vida la abogada Andrea Vidal, ha destapado una serie de acusaciones que vinculan al Parlamento peruano con una presunta red de prostitución. Este escándalo ha derivado en una moción de censura contra el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien es señalado por no haber tomado medidas inmediatas para abordar la crisis. Según informó el documento presentado por un grupo de legisladores, la gestión de Salhuana habría vulnerado el Reglamento del Congreso al no supervisar adecuadamente los órganos parlamentarios ni administrar los recursos de la institución de manera efectiva.

La moción, que cuenta con el respaldo de 21 firmas, subraya que el caso ha afectado gravemente la imagen del Congreso, dañando la confianza ciudadana en el Poder Legislativo. En el texto presentado ante el pleno, se señala que el escándalo ha comprometido el prestigio y la honorabilidad de la institución, lo que ha generado una crisis de credibilidad en los representantes nacionales. Según consignó el documento, esta situación exige una respuesta contundente para restaurar la confianza pública.

Viaje de Salhuana a Asia intensifica las críticas

En medio de la controversia, Eduardo Salhuana realizó un viaje a Asia por invitación de la Asamblea Popular Nacional de China, lo que generó aún más críticas por parte de los legisladores que impulsan la moción de censura. Según detalló el documento de los promotores de esta medida, su ausencia en el país durante un momento de crisis fue percibida como una falta de compromiso con la resolución del problema. A pesar de los pedidos de algunos parlamentarios para que permaneciera en Perú, Salhuana decidió continuar con su agenda internacional.

El presidente del Congreso, quien pertenece al partido Alianza Para el Progreso (APP), ha rechazado categóricamente la posibilidad de renunciar a su cargo. En declaraciones a los medios, afirmó que no existen fundamentos para la moción de censura y que no tiene intención de dar un paso al costado. “En mi vida política y personal, acostumbro a encarar los problemas y a ser responsable del cargo que ocupo. Soy presidente del Congreso y tengo la obligación de estar al frente de la institución, especialmente en momentos difíciles”, expresó.