Integrantes de comisión encargada de investigar supuesta red de prostitución en el Congreso renunciaron

En un giro inesperado, tres integrantes de la Comisión ad hoc designada para investigar la presunta existencia de una red de prostitución en el Congreso de la República presentaron su renuncia irrevocable. Este hecho ha generado incertidumbre respecto a la continuidad de las investigaciones en torno a las graves acusaciones que pesan sobre la institución legislativa.

Flor de María Tello, Patricia María Durán Vázquez y Natalia Giselle Escudero Rodríguez, las profesionales asignadas a la comisión ad hoc, anunciaron su renuncia durante una sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Según informó su presidente, Juan Burgos, estas personas eran las encargadas de recibir y evaluar los descargos de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, quien ha sido señalado en la denuncia.

¿Por qué renunciaron a la comisión ad hoc?

Entre las causas de la renuncia, las funcionarias destacaron que “no cuentan con las condiciones necesarias” para llevar adelante el trabajo asignado. Según Giovanni Forno, oficial mayor del Parlamento, las integrantes argumentaron que el procedimiento encargado no cumplía con el reglamento interno de trabajo y que carecía de un sustento suficiente para justificar las acciones investigativas.

En el análisis de la documentación entregada al equipo ad hoc, se constató que los instrumentos proporcionados, como el informe técnico de la Secretaría de Procesos Disciplinarios y la resolución de Recursos Humanos, no resultaban suficientes para desarrollar sus funciones. En ese sentido, la aparente falta de apoyo normativo fue uno de los motivos principales detrás de su renuncia.

Al respecto, Forno dio detalles de los argumentos que las funcionarias refirieron para su renuncia a la comisión, entre las que precisan que el expediente administrativo “carece de conductas imputadas como faltas disciplinarias, que no existiría ninguna indagación, sino que solamente recurre a lo denunciado por un reportaje”, explicó.

Designación de la comisión y contradicciones

El caso también ha generado confusión respecto a la responsabilidad en la designación de la comisión ad hoc. Aunque inicialmente el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, afirmó haber conformado el equipo investigador, el oficial mayor Giovanni Forno desmintió esa afirmación, asegurando que él mismo designó a los integrantes.

Durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, Forno resaltó que la renuncia de las integrantes podría generar demoras en el desarrollo del caso. Además, aclaró que una de las integrantes renunciantes, Patricia María Durán Vázquez, salió de vacaciones el día en que presentó su dimisión, lo cual complicó aún más la coordinación en torno al tema.

Deberán explicar sus motivos

Ante este escenario, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, anunció que citarán de manera urgente a las exintegrantes del equipo ad hoc. Esta medida busca obtener mayor claridad sobre los motivos de su renuncia y recopilar cualquier informe o recomendación que puedan haber elaborado antes de su salida.

Cabe mencionar que Forno informó que Patricia Durán se encuentra en vacaciones desde hoy, miércoles 8 de enero. No obstante, Burgos manifestó que mañana jueves 9, la referida funcionara suspenderá su proceso vacacional y se presentará ante el Congreso para responder sus preguntas.

Comisión investigada supuesto proxenetismo en el Congreso

El equipo ad hoc había sido creado para investigar las graves imputaciones relacionadas con una presunta red de prostitución operando dentro del Congreso. El foco principal de la investigación recae sobre Jorge Torres Saravia, señalado en las denuncias iniciales como presunto involucrado en esta red.

El caso cobró relevancia pública tras la muerte de Andrea Vidal, un evento que despertó sospechas sobre posibles irregularidades al interior del Parlamento. Según informes, el equipo tenía como función evaluar los descargos de Torres Saravia y determinar si las imputaciones en su contra constituían faltas graves dentro del reglamento legislativo.