Del poder a la prisión: los casos de Keiko Fujimori, Nadine Heredia y Elizabeth Peralta, envueltas en escándalos de corrupción

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso este jueves el traslado de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta Santur al Centro Penitenciario de Mujeres de Chorrillos, conocido anteriormente como Santa Mónica, luego de que el Poder Judicial dictara su prisión preventiva por 18 meses. Esta medida forma parte de las investigaciones que enfrenta por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en agravio del Estado.

Peralta, quien también es abogada, será trasladada en las próximas horas al mencionado centro penitenciario, como parte de la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público.

La figura de prisión preventiva que usualmente solicita la Fiscalía, y que ha sido duramente criticada por abogados y juristas a lo largo de la historia, busca prevenir, según el Ministerio Público, que figuras políticas peruanas hayan intentado obstruir la justicia.

Tal como ha sucedido con la excandidata presidencial Keiko Fujimori, líderesa de Fuerza Popular; Nadine Heredia, exprimera Dama del Perú y Bettsy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo, quienes también se vieron envueltas en presuntos actos de corrupción en agravio del Estado.

Keiko Fujimori

El caso Odebrecht marcó un antes y un después en la carrera política de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. En octubre de 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra por presunto lavado de activos relacionado con aportes ilícitos de la constructora brasileña durante su campaña presidencial de 2011. Las investigaciones señalaron la existencia de una supuesta red criminal dentro de su partido, vinculada a eventos de recaudación como los llamados “cócteles”.

La audiencia, de varias horas, terminó con la detención inmediata de Fujimori, quien fue trasladada al penal Anexo de Mujeres en Chorrillos. El juez argumentó que, aunque no había riesgo de fuga, sí existían indicios de obstrucción a la justicia, como amenazas a testigos e intentos de influir en el caso. Sin embargo, tras casi trece meses en prisión, en noviembre de 2019, el Tribunal Constitucional ordenó su liberación en un fallo dividido.

Apenas meses después, en enero de 2020, Fujimori volvió a ser detenida por el mismo caso, enfrentando una nueva orden de prisión preventiva por tres meses. Su defensa calificó la medida como desproporcionada, y en mayo de 2020, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Especializada en Crimen Organizado ordenó su liberación. El tribunal determinó que no había suficientes pruebas de peligro de fuga ni obstrucción.

Nadine Heredia

Nadine Heredia, exprimera dama del Perú, fue enviada a prisión preventiva en julio de 2017 junto a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, como parte de las investigaciones por presunto lavado de activos vinculado a aportes irregulares a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011, supuestamente recibidos de Odebrecht y del gobierno venezolano. El juez Richard Concepción Carhuancho dictó una medida de 18 meses, argumentando la existencia de pruebas suficientes, la probabilidad de una pena mayor a cuatro años y el peligro procesal, como el riesgo de fuga y de obstaculización del proceso.

Entre los indicios presentados, se destacaron las declaraciones de empresarios brasileños como Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, quienes afirmaron haber entregado 3 millones de dólares a la campaña de 2011 del Partido Nacionalista Peruano. Estas declaraciones coincidían con anotaciones encontradas en las agendas personales de Heredia. Además, la fiscalía alegó que los viajes frecuentes al extranjero de Heredia, incluidos sus viajes a Suiza para la FAO, aumentaban el riesgo de fuga.

Sin embargo, la prisión preventiva fue anulada en abril de 2018 por el Tribunal Constitucional, que consideró que no existían suficientes pruebas para justificar la medida. Heredia y Humala fueron liberados tras pasar nueve meses en prisión. Aunque la medida fue polémica, el caso continuó, ya que las investigaciones por el escándalo Lava Jato seguían en curso.

Betssy Chávez

Betssy Chávez, quien fue ministra de Trabajo y presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, fue puesta en prisión preventiva el 16 de diciembre de 2022. La razón principal de su detención fue su presunta participación en los hechos relacionados con el intento de golpe de Estado del expresidente Castillo.

Chávez, recluida en el Anexo de Mujeres de Chorrillos, fue acusada de ser parte de la tentativa de disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones, como parte de un plan para cambiar el orden constitucional en el país. La Fiscalía la involucró en la investigación por rebelión y conspiración, cargos que están vinculados con su rol en la administración de Castillo en el momento del fallido golpe.

El Poder Judicial resolvió que había suficientes indicios de su involucramiento en los actos ilícitos relacionados con el golpe, lo que llevó a la orden de prisión preventiva por un período de 18 meses, mientras continuaba la investigación. En el caso de Chávez, un testigo proporcionó declaraciones en las que indicaba que ella había tenido planes para firmar un decreto que formalizara la disolución del Congreso en los días previos a la crisis constitucional.

A pesar de las solicitudes de la defensa, que calificaron la medida como una “persecución política”, las autoridades judiciales consideraron que la exministra representaba un riesgo de fuga y de obstrucción a la justicia. A lo largo del proceso, sus abogados apelaron la decisión, argumentando que se estaban violando sus derechos procesales, pero la prisión preventiva fue ratificada.