La situación de la presidenta de la República, Dina Boluarte, se sigue complicando a medida que se siguen revelando más testimonios en torno al caso ‘Los Waykis en la sombra’.
Hildebrandt en sus trece reveló declaraciones de personas que habrían participado directamente en la presunta organización criminal que lideraría la mandataria, junto a su hermano, Nicanor Boluarte, quien sigue prófugo de la justicia, luego de que el Poder Judicial dictaminara 36 meses de prisión preventiva contra él.
De acuerdo a la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, desde el primer día en que la jefa de Estado asumió el cargo, su familiar ejerció un “poder de facto”, que le permitió asumir funciones que no le correspondían a él, sino al ministro del Interior. En este caso, habría intercedido en el nombramiento de decenas de prefectos y subprefectos con el objetivo de crear el partido Ciudadanos por el Perú.
Este proyecto político fue pensado, según el semanario, para darle un respaldo a la presidenta, quien al no contar con una bancada en el Parlamento, ha tenido que recurrir al apoyo de otras organizaciones como Alianza Para el Progreso y Fuerza Popular.
Los prefectos y subprefectos, recuerda el medio, son autoridades políticas que actúan como un enlace entre el gobierno y los principales programas sociales y las personas en situación de pobreza. Debido a estas designaciones ilícitas, Nicanor Boluarte habría incurrido en los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, aunque esta acusación también podría alcanzar a la mandataria.
¿Cómo habría funcionado la organización criminal?
Para lograr sus objetivos, según la Fiscalía, Nicanor había orquestado un ‘programa criminal’ para capturar dos entidades claves del Ministerio del Interior (Mininter): la Dirección General del Gobierno Interior y la Dirección de Autoridades Políticas.
Para el Ministerio Público, estas designaciones ilegales, pero autorizadas en secreto por la mandataria, se coordinaron principalmente en la oficina del hermano, ubicada en la calle Daniel Alomía Robles, 127, en San Borja.
Ahí habría estado uno de los principales operadores de Nicanor: Víctor Hugo Torres Merino, un amigo de la infancia de la jefa de Estado, pero quien después se convirtió en colaborador eficaz. También conformarían el “grupo de apoyo a la presidenta” Zenobia Griselda Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar, Noriel Chingay Salazar, Jose Lozano Torres y Luis Guevara Bello, entre otros.
De esta manera, la Fiscalía establece que se nombró a Jorge Luis Ortiz Marreros, como director general del Gobierno Interior, y a Raúl Antonio Olivia Guerrero, como director general de Autoridades Políticas.
Víctor Torres señaló al Ministerio Público que en una reunión realizada el 9 de diciembre del año pasado, Nicanor aseguró que contaba con el respaldo de la mandataria para proseguir con la estrategia.
“En esa reunión, Nicanor Baluarte, contando con el apoyo de la presidenta, nos indicó cubrir algunas prefecturas o subprefecturas, puesto que otras estaban ocupadas por partidos políticos como Alianza Para el Progreso y Fuerza Popular, en la mayoría de las regiones del país”, manifestó.
Los encargados de recibir la información sobre lugares ocupados o disponibles para colocar a los operadores de Nicanor serían Alberto Moreno, Martin Carbajal, Úrsula Quispe y Edwin Ugarte.
Torres sostiene que las propuestas para prefectos y subprefectos eran aprobadas en primera instancia por el hermano y luego eran enviadas a Jorge Luis Ortiz Marreros para que ejecute la decisión. “Es ilícito Io que hemos hecho y soy parte de ello”, reconoció ante la Fiscalía. Esta es la lista completa con los nombres de las personas que habrían sido recomendadas:
- Grettel Pino (Cusco)
- Edwin Carpio (Apurímac)
- Noriel Chingay (Cajamarca)
- Armando Villalobos (San Martín)
- Carlos Sáenz (Lima)
- Diana Quispe (Independencia)
- Blanca Burga (Rímac)
- Olinda Salazar (Chosica)
- Marina Chávez (Ate)
- Evelyn Thome (Callao)
- Leoncio Paz (Chadacayo)
- Richard Meléndez (Ventanilla)
- Milton Luque (Villa El Salvador)
- Ángela Ramírez (San Miguel)
- Nataly Ato (ElAgustino)
- Bazán Bedoya Eladio (Jesús María)
- Carlos Ortiz (La Victoria)
Boluarte estuvo presente en la reunión de CPP
Hildebrandt en sus trece destaca, además, que otro amigo y excolaborador de la presidenta en la campaña presidencial del 2021, Teodoro Berrú Zurita, también ha confirmado que ella sería la cabecilla de la organización criminal.
“Esto me consta, dado que en las reuniones orgánicas del equipo de confianza para proponer cargos públicos en Lima y las regiones donde, entre otros, se nombró ilegalmente a prefectos y subprefectos, quien firmaba las resoluciones de nombramiento de estos últimos cargos mencionados era Dina Boluarte Zegarra. Nicanor Bohurte era quien seleccionaba y proponía a dichos funcionarios, pero como un asesor en la sombra”, comentó al Equipo de Fiscales contra la corrupción en el poder (EFICOOP).
A Berrú le habrían prometido ocupar la subprefectura de Lima, y al notar que esto no ocurrió acudió al despacho de Ortiz Marreros, quien le confirmó que “la primera Palabra la tiene Dina Boluarte Y la última palabra la tiene Nicanor Boluarte”.
“En el año 2023, cerca de la casa de Nicanor Boluarte, en el distrito de San Borja, donde era Ia casa de un paisano suyo, nos reunimos el equipo de confianza de Dina Boluarte Para ver los cargos de confianza y para ver eI tema de la construcción del partido de Ciudadanos por el Perú”, dijo al EFICOOP.
“En dicha reunión Nicanor Boluarte dijo que ‘íbamos a tener el control a nivel nacional de los 9.000 tenientes gobernadores de los anexos, cerca de 200 subreprectos provinciales, 25 Prefectos en las 25 regiones Y 1.700 subprefectos distritales, y con eso vamos a hacer la fuerza para conformar el partido’”, añadió el testigo.
Incluso, calificó a este entramado como una “organización criminal ilegal”, cuya estructura, menciona, tenía a la cabeza a Dina Boluarte, seguida de su hermano, y de otros tres operadores: Órtiz Marreros, Torres Merino y Ugarte Nina.
“Acordaron utilizar y nombrar a prefectos, subrprectos y tenientes gobernadores con el fin de que afilien a su Partido CPP a diferentes personas, obligándoles con 1,000 fichas (soles) cada uno”, declaró el testigo.
Por otro lado, Berrú aseguró que participó en el Congreso Metropolitano de Ciudadanos Por el Perú, que se llevó a cabo en Ate Vitarte, y de un Congreso Nacional Fundacional, en Barranco.
“Ahí yo observé al grupo que he mencionado al inicio, incluida la señora Dina Boluarte y Nicanor Boluarte, que estuvieron en la mesa de honor. Yo observé que utilizaban a funcionarios Públicos para hacer el partido CPP con personal y recursos del Estado”, aseveró el testigo.
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