
El exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, Abel Hurtado Espinoza, fue designado como director de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia.
El titular del Minjus, Luis Jiménez Borra, designó al exasesor implicado en el caso Valkiria en el referido cargo de confianza mediante la resolución ministerial 137-2026-JUS.
Por el caso de la presunta organización criminal que lideraría Patricia Benavides, Abel Hurtado fue detenido preliminarmente en abril de 2024; sin embargo, esta decisión luego fue revocada por la Quinta Sala de Apelaciones Nacional.
Debido a que la Sala de Apelaciones determinó que Hurtado no había peligro de fuga, el Eficcop desistió del pedido de prisión preventiva en su contra, por lo que enfrenta la investigación preparatoria en libertad.
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Las imputaciones contra Abel Hurtado
Según la investigación fiscal, Abel Hurtado habría participado en la coordinación de negociaciones con congresistas y otras acciones para presuntamente consolidar el poder de la organización criminal que lideraría Patricia Benavides.
Abel Hurtado habría colaborado en la redacción de la denuncia que luego fue presentada por la congresista Patricia Chirinos contra los jueces de la Tercera Sala Constitucional de Lima que había otorgado una medida cautelar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En esa resolución ordenaban al Congreso suspender el trámite de la moción que proponía removerlos por supuesta causa grave.
Asimismo, Hurtado habría intervenido en el proceso de negociación para la inhabilitación de Zoraida Ávalos. Según la declaración de Jaime Villanueva, Hurtado fue el encargado de realizar el sondeo inicial entre los congresistas para identificar su postura frente a Benavides. Así clasificó a los parlamentarios que tenían procesos en curso en el Ministerio Público. Esta información habría servido de base para negociar favores políticos a cambio de votos a favor de la inhabilitación de Ávalos.
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El hoy director de la Dirección General de Defensa Pública también fue señalado de coordinar reuniones con congresistas, como Alejandro Soto, Edgar Tello, Katy Ugarte y José María Balcázar para asegurar su alineamiento a los intereses de Patricia Benavides a cambio de favores.

El caso más documentado es el del presunto intercambio de favores con el hoy presidente interino José María Balcázar.
De acuerdo con la investigación Jaime Villanueva y Hurtado acudieron al despacho de Balcázar para supuestamente pedirle su voto a favor de Patricia Benavides en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Uno de los beneficios ofrecidos a Balcázar consistía en la designación de su nuera en el Ministerio Público. Patricia Benavides oficializó su nombramiento mediante la resolución 2034-2023-MP-FN, aunque la designación quedó sin efecto por la ausencia de la postulante a la ceremonia de juramentación.
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El otro “favor” que habría requerido Balcázar era que Benavides lo ayude con una investigación que arrastra desde su gestión como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque.
Entre las pruebas documentadas se encuentra un mensaje de WhatsApp enviado por Jaime Villanueva a Carmen Graciela Miranda Vidaurre: “Buenos Días Dra. Miranda le saluda Jaime Villanueva asesor de la Fiscal de la Nación cuando pueda, por favor, me devuelve la llamada o me dice para llamarla”. La fiscal confirmó a las autoridades haber recibido el mensaje y presentó tanto la captura de pantalla como el registro de las llamadas.
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A pesar de esta presión y la visita realizada por Elmer Ríos a Lambayeque como parte del operativo de influencia, Miranda mantuvo su postura y avisó que resolvería el caso “conforme a ley”. Según las investigaciones posteriores.
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