
Un grupo de miembros de la comunidad nativa Fernando Rosas, situada en la provincia de Datem del Marañón, Loreto, irrumpió el domingo 24 de noviembre a las instalaciones de la Estación Morona, parte del Oleoducto Norperuano (ONP).
Durante la ocupación de la planta, los comuneros exigieron la detención del motor generador de energía y bloquearon la salida del personal de Petroperú y sus contratistas. Además, solicitaron la intervención de una delegación de alto nivel del gobierno para atender sus demandas.
Reacciones de Petroperú y la Defensoría del Pueblo
Petroperú demandó la liberación inmediata de sus empleados y advirtió sobre los peligros que representa la Estación Morona, una instalación clave donde se almacenan hidrocarburos. La empresa destacó que cualquier contacto de estos productos con fuentes de calor o su manipulación por personas no autorizadas podría desencadenar una explosión, poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores, las comunidades cercanas y las instalaciones de la Operadora Nacional de Petroquímica, que es considerada una infraestructura crítica para el país.

“Petroperú lamentó que esta situación se presente en medio de un proceso de diálogo que viene desarrollando junto con el Estado y las autoridades comunales de Fernando Rosas, en línea con los compromisos asumidos con la población. Es preciso mencionar que, para cumplir a cabalidad con los mencionados compromisos, se debe tener en cuenta los procedimientos que exigen las normas y los entes fiscalizadores, sobre los cuales se ha venido informando en las reuniones sostenidas. En ese contexto, la empresa exhortó a las autoridades y dirigentes comunales, reflexionar sobre la medida adoptada y mantener el diálogo y las coordinaciones que se han estado desarrollando”, se lee en el comunicado.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo exhortó en un comunicado que se garanticen los derechos de los 11 trabajadores retenidos, entre ellos su integridad y libertad de tránsito: “Solicitamos al Ministerio de Energía y Minas, Petroperú y el Consejo de Ministros a abordar las demandas de la población (remediación ambiental y proyectos de inversión) y disponer de manera urgente las medidas pertinentes que eviten que la crisis del conflicto siga escalando”.
Antecedentes y origen del conflicto

Este no es el primer enfrentamiento entre la comunidad Fernando Rosas y Petroperú. Desde hace años, los pobladores han denunciado la contaminación ocasionada por las operaciones del Oleoducto Norperuano, que atraviesa sus territorios. En 2018, los comuneros acusaron a la empresa de mal manejo del bombeo en la Estación Morona, lo que causó derrames constantes de petróleo en la quebrada Shifeco y el río Morona. Los pobladores de la comunidad Wampis de Fernando Rosas han manifestado que esta contaminación ha afectado gravemente la salud de los habitantes, especialmente la de los niños, quienes juegan cerca del río contaminado y consumen su agua.
En ese entonces, los nativos tomaron la estación y denunciaron que Petroperú había intentado ocultar los derrames mediante la construcción de un pozo de relleno, pero que esta acción no había detenido la constante contaminación del agua y el suelo. En una reunión sostenida con representantes del Ministerio de Energía y Minas y de Petroperú, la empresa aceptó su responsabilidad respecto a la contaminación y se comprometió a priorizar la remediación de los daños y a dotar a la comunidad de tanques de agua potable. Sin embargo, según los líderes comunales, estas promesas no fueron cumplidas.
En 2021, los nativos volvieron a tomar la Estación Morona, esta vez reteniendo a 10 trabajadores de la estación. Tras varias negociaciones sostenidas entre Petroperú y los dirigentes Antoni Luna Cachique, apu de la comunidad, y Witson Ríos Yumbato, presidente de la Federación Fernando Rosas., los empleados fueron liberados pacíficamente. El mismo escenario se repitió en marzo de 2023, cuando 41 trabajadores, entre personal propio de Petroperú y contratistas, fueron retenidos durante una nueva ocupación de la estación.
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