La Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) ha mostrado interés en el caso que implica al conductor de televisión Andrés Hurtado, actualmente en prisión preventiva mientras es investigado por una trama de tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos, al contactar a la fiscal suprema Alejandra Cárdenas días antes de su captura, según un informe difundido este domingo en Perú21.
De acuerdo con fuentes citadas por el diario, dos agentes estadounidenses ofrecieron su disposición para compartir información relevante con la pesquisa, aunque su principal atención recaía sobre Josetty y Génnesis Hurtado, hijas del presentador, quienes residen en Estados Unidos y exhiben un lujoso estilo de vida que ha levantado sospechas sobre el origen de sus recursos.
Inicialmente, la DEA contactó a la magistrada Cárdenas, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos ―a cargo del fiscal supremo Alcides Chinchay―. Sin embargo, la búsqueda de este despacho apuntaba hacia otro lado.
Cárdenas se centra en identificar un posible tráfico de influencias que implica a Hurtado y a la fiscal especializada en lavado de activos Elizabeth Peralta, quien podría haber solicitado un millón de dólares para devolver un cargamento de oro incautado al empresario Javier Miu Lei en 2020.
Siempre según el diario, las autoridades americanas ahora han orientado sus esfuerzos hacia el fiscal José Manuel Espinoza Vin, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial contra el Lavado de Activos, quien días atrás incluyó a más investigados en la red de Hurtado.
El conductor enfrenta 18 meses de prisión preventiva e investigaciones simultáneas por dos despachos del Ministerio Público, de acuerdo con Panorama. Una fiscalía investiga el lavado de activos, mientras que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria se enfoca en sus presuntas operaciones junto a la fiscal Peralta. Ambos procesos tienen un plazo de ocho meses, pero solo el segundo ha sido declarado “complejo”.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según Perú21, ha detectado movimientos irregulares en empresas vinculadas a Hurtado, como AH Gold Entertainment SAC y Frutera Perú SAC, administradas por una de sus allegadas, Kelly Medina, quien ha sido apoderada de hasta 15 compañías relacionadas con el presentador.
“En casos de lavado de activos y narcotráfico, las autoridades son muy abiertas a la cooperación internacional. De hecho, esa noticia que se ha ventilado lo confirma; no solo han estado desde ahora, sino desde antes de la detención. Eso es sintomático porque las investigaciones que se siguen en EE. UU. mantienen la reserva debida. Nosotros tenemos información de contacto con la Fiscalía Suprema, pero eso no significa que las investigaciones estén bien avanzadas”, dijo.
Movimientos irregulares
Días atrás, el empresario Abraham Mina, propietario de una empresa que facturó casi tres millones de soles en publicidad para el programa del presentador, reconoció en Cuarto Poder haber realizado envíos de dinero por delivery en moto lineal. De esa forma, fuera de toda fiscalización, movió al menos 6,000 dólares. Sin embargo, prefirió no revelar los destinatarios ni los motivos de los envíos.
Aunque no pudo precisar las cifras exactas, señaló que “podrían ser 2 mil dólares mensuales” los que enviaba al extranjero, aunque “podría ser más dependiendo del mes. De repente, en julio o diciembre, podría darles 10 mil o algo así”, estimó. Semanas atrás, un exasistente reveló al programa Beto a Saber que el presentador solía enviar dinero a sus hijas desde Perú en montos menores, para evitar sospechas bancarias, a través de sus trabajadores.
Revelan actitud déspota de ‘Chibolín’
Según el periodista Luis Vargas, mientras Andrés Hurtado era trasladado a la Clínica Penitenciaria, se produjo un altercado con otros reclusos. Durante el trayecto, varios internos lo llamaron por su nombre artístico, “Chibolín”, lo que provocó una respuesta despectiva de Hurtado, quien les dijo: “Qué les pasa a estos pobres”. Este comentario generó malestar entre los internos. La situación no solo ha sido corroborada por trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), sino también por algunos de los reclusos presentes.
Por su parte, el abogado del presentador de televisión, Elio Riera, negó que su defendido haya tenido algún comentario discriminatorio o déspota contra los otros internos del penal.
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