
Marita Barreto dejará de ser coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción (Eficcop). La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público suspendió a la fiscal de sus funciones por seis meses, ante la apertura de una investigación preliminar en su contra por presunta revelación indebida de identidad, a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
Dicho caso se aperturó ante la supuesta filtración de la investigación que se sigue contra el congresista Guillermo Bermejo al periodista Carlos Paredes, quien, en el dominical que dirige, difundió una grabación para sostener sus acusaciones.
En respuesta, Barreto cuestionó la decisión adoptada por la ANC e indicó, a través de un comunicado, que fue tomada sin solicitar su descargo. Asimismo, negó el hecho que se le imputa y calificó de desproporcional su separación como coordinadora del Eficcop.

“He dirigido un equipo humano de primer nivel, fomentando en los fiscales una conducta con un elevado sentido de justicia, probidad, lealtad institucional, transparencia de sus actos con ética y moral de todos sus integrantes, trabajo del que han sido testigos los ciudadanos, pues, nunca en la historia del país se ha conformado un Equipo de Fiscales y Policías para investigar la corrupción y criminalidad en las más altas esferas del poder público; por ello, los hechos imputados no se condicen con la medida desproporcionada de apartarme del EFICCOP, pues, no existe ningún riesgo para la investigación de la ANC mi permanencia”, escribió.
En ese sentido, mencionó que la medida “contribuye en desestabilizar el trabajo y los casos que tiene a cargo el Equipo Especial contra altos funcionarios de Estado investigados por graves actos de corrupción” y adelantó que apelará la decisión.
“Defenderé mi verdad en todas las instancias pertinentes, pues considero que esta medida es arbitraria y desproporcional. Me quedo con la conciencia tranquila de haber actuado siempre conforme a ley y la Constitución”, sentenció.

Como se recuerda, la apertura de la investigación en su contra se dio a partir de la denuncia formulada por el propio parlamentario involucrado, quien no solo pidió que sea suspendida, sino que se allanen sus inmuebles. Además, que se incaute su laptop y/o cualquier otro equipo tecnológico y se tomen las declaraciones de Barreto y Paredes.
En diálogo con Infobae Perú, el director de Contracorriente indicó haberse visto obligado a denunciar públicamente la información entregada por la fiscal, al ver un patrón de conducta muy peligroso. “He tenido que hacer una ponderación frente a la disyuntiva de cumplir con mi deber de periodista, de preservar la identidad de una fuente importante, versus denunciar a una fiscal que yo considero es un peligro para el Estado de derecho”, mencionó.
Agregó que dicha calificación no solo parte de haber “constatado que quiere tergiversar y manipular candidatos a colaboradores eficaces para armar muñecos contra la gente que la critica”, sino de conocer que, además de la denuncia penal en su contra, se preparaba otra por los presuntos delitos de organización criminal y extorsión.
“Me quería meter preso, frente a ese grave peligro que iba a pasar y que iba a encontrar un juez penal que iba a aceptar esa denuncia y que probablemente iba a ordenar mi detención, es que yo decido denunciarla también públicamente para que esto se visibilice porque ya sabemos que el órgano de control puede tomarse su tiempo y pasan tres años y no hace nada”, sostuvo.
Cabe mencionar que, de acuerdo al penalista Jonathan Correa, de ser hallada culpable por la divulgación de información reservada y la identificación de colaboradores, Marita Barreto podría enfrentarse a una pena agravada que podría llegar a siete años de prisión.
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