El Ministerio del Ambiente anunció este martes la presentación de un nuevo proyecto de ley destinado a sancionar a los responsables de incendios forestales.
Según el titular Juan Carlos Castro, la propuesta legislativa busca establecer un marco legal claro para combatir estos siniestros y recuperar las áreas afectadas. Sin embargo, a pesar de las intenciones detrás de esta iniciativa, surgen serias dudas sobre su efectividad a largo plazo.
Carlos Cabrejos Bobadilla, abogado especializado en derecho ambiental y forestal, en entrevista con Infobae Perú, detalló varios puntos críticos del proyecto de ley, que será presentado hoy al Congreso de la República.
¿Qué dice la propuesta del Minam?
El proyecto de ley tiene como objetivo tipificar como delito la generación de incendios forestales y establecer sanciones correspondientes. Además, se contempla un conjunto de acciones dirigidas a la rehabilitación de las áreas afectadas por los incendios.
Castro enfatiza que esta medida es necesaria debido a la falta de una tipificación específica para estos delitos, lo que ha llevado a una escasa responsabilidad legal hasta el momento.
No obstante, el abogado especialista recuerda que el tratamiento de los incendios forestales ya está abordado en el Código Penal. Según Cabrejos, la iniciativa legislativa solo amplía el concepto de protección sin necesariamente mejorar la implementación o eficacia de las sanciones existentes.
Asimismo, Cabrejos critica la estrategia de elevar penas que buscan corregir conductas delictivas, ya que esto no ha demostrado ser efectivo en términos de control y prevención de incendios forestales. En ese sentido, según el experto, una política adecuada para atender este problema debería incluir una cultura especializada en la gestión de los siniestros.
¿Quiénes son los verdaderos responsables?
En ese marco, el abogado compara la situación de Perú con la de Colombia, donde se implementó un endurecimiento penal frente a la deforestación masiva en 2017, una actividad que puede influir en los incendios forestales.
En dicho periodo, el país vecino enfrentó una gran tala de bosques, con más de 200 mil 000 hectáreas perdidas. Para combatir esto, Colombia endureció las penas de los delitos relacionados con la deforestación y creó leyes específicas con el objetivo de castigar esta actividad y así proteger su superficie forestal.
Esta estrategia, según Cabrejos, muestra que tener leyes detalladas podría ser muy útil, teniendo en cuenta que Perú también enfrenta graves problemas de deforestación, con 223 mil 000 hectáreas pérdidas solo el año pasado.
Impacto de la Ley Antiforestal del Congreso
En esa misma línea, Cabrejos también cuestionó la efectividad de la modificatoria de la ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, denominada por sus críticos como ‘Ley Antiforestal’, y la capacidad del Gobierno para sancionar a los responsables de los incendios.
Mientras las políticas actuales parecen centrarse en sancionar a los agricultores y sus ‘prácticas culturales’, sería más efectivo adoptar una postura coherente y menos influenciada por intereses externos, a fin de abordar adecuadamente la crisis de deforestación, que es el principal problema de los bosques en el Perú, indica el abogado.
Finalmente, Cabrejos recalca cómo la visión geopolítica y las normas internacionales influyen en la legislación y las decisiones ministeriales que, en lugar de prevenir la deforestación y los incendios forestales, a menudo las fomentan.
Bajo esa premisa, recuerda a la exembajadora de EE.UU., quien, afirma, promocionó una empresa en la Amazonía que, a pesar de recibir inversión estadounidense, aseguró no practicaba deforestación. Asimismo, mencionó la influencia de la embajada de la Unión Europea a fin de certificar a los productores de café y cacao en términos de no deforestación.
Sobre ello, Cabrejos señala que estas acciones no abordan eficazmente las causas de esta actividad y los incendios, y sugiere que se debe adoptar una perspectiva de desarrollo forestal, en lugar de agrícola o minera, para proteger la Amazonía.
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