El Ministerio Público intervino este martes la oficina de la Dirección de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional (PNP) en San Martín de Porres para recabar documentación sobre el alférez Franco Arias Jiménez, acusado de exigir una coima de S/2,000 a la madre de un detenido por tenencia de estupefacientes. La diligencia estuvo a cargo del Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte.
En los registros de voz, se escucha al efectivo mencionar a la madre del implicado que las diligencias pueden ser aceleradas a cambio del soborno. “Para sacar resultados a favor, lamentablemente hay que pagar. Como le dije, yo me comprometo a apoyarla y lo que puedo hacer es acelerar todo. Yo puedo acelerar diligencias, pero también tengo que darle su apoyo a los que van a sacar rápido el resultado”, indicó Arias. Posteriormente, exigió recibir un adelanto para iniciar el proceso favorable.
El uniformado también cuestionó la seriedad de la madre al no recibir el dinero acordado y sugirió que no invirtiera en abogados, pues su intervención sería suficiente para garantizar un resultado favorable. “Creo que usted está jugando conmigo, sea sincera, dígame, no tengo nada [...] no puedo trabajar así”, dijo. En otro mensaje, insistió: “Todo va a salir a favor, que él sale limpio, simplemente ha sido un consumidor. Lamentablemente, así es este sistema, todo es con plata en mano”.
El detenido permaneció durante 15 días en la dependencia policial, periodo que, según la abogada penalista Romy Chang, fue excesivo. “No importa la cantidad de drogas que te encuentren, si no logran acreditar que la quieres comercializar y es solo para consumo propio, ahí no hay caso”, comentó la jurista.
En respuesta a las acusaciones, Arias afirmó no recordar la conversación. “Hoy en día vemos tantas cosas: conversaciones, audios. No puedo darle credibilidad a eso. No es que me haya olvidado, no he hablado con nadie así, no reconozco ese audio, no me acuerdo de esa conversación”, mencionó.
Crisis en la PNP
Actualmente, la PNP atraviesa una profunda crisis debido a numerosas denuncias que involucran a sus miembros, principalmente por corrupción. El Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (Inco), presentado por la Contraloría, revela que la institución en Lima Metropolitana ocupa el primer lugar entre las entidades del gobierno nacional, con un puntaje de 75.7.
Este lunes, la Corte de Lima Norte impuso seis años y ocho meses de prisión a los efectivos Christian Patiño Arrieta y Celestino Enciso Quispe. Además, otros dos uniformados fueron sentenciados: Luis Alberto Marmolejo Fernández a seis años y cuatro meses de prisión, y Juan Presbítero Marchena Cabada a cinco años y cuatro meses de cárcel.
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