A través de una misiva, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cancillería rechazaron las afirmaciones de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero. Estas declaraciones, difundidas el 30 de julio en redes sociales, hacen referencia que se incumplieron las recomendaciones contenidas en el informe tras su visita al territorio nacional, que tuvo lugar del 8 al 17 de mayo de 2023 por las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.
Asimismo, señalaron que durante la visita del equipo de la ONU “facilitó” las reuniones con funcionarios regionales y locales. Además, indicaron que la Presidencia del Consejo de Ministros “se encuentran implementado” dos lineamientos en referencia a la atención de los conflictos sociales. Contra el gobierno de Dina Boluarte pesa 49 fallecidos durante el 2022 y 2023 en diversas regiones.
Mientras tanto, refirió que se encuentran implementando para abordar las causas de las protestas y “reducir la desigualdad en el ejercicio de los derechos humanos y la discriminación estructural”, el cual se encuentra a cargo del Ministerio de Justicia. Es decir, aún está en desarrollo, a pesar de que luego de varios meses se anunciaron nuevas movilizaciones.
En la misiva se manifestó que las afirmaciones de Romero “no reflejan los avances informados en las reuniones sostenidas y documentos remitidos oportunamente” a la Relatoría de la ONU.
Pedido de disculpas públicas
Romero no solo mostró su preocupación al no adoptarse recomendaciones para que las movilizaciones se lleven de manera pacífica, sino también precisó que en su presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra pidió que el Estado peruano pida “disculpas públicas”.
En este informe se hace expresa la preocupación por “el uso excesivo de la fuerza” por parte de las fuerzas del orden en las manifestaciones. Así como también, las restricciones a los ciudadanos en su derecho de “reunión pacífica y de asociación”.
Ante ello, sostuvieron que la presidenta Dina Boluarte ya pidió “disculpas” en su primer mensaje a la Nación en el 2023, a pesar de que eso no se subraya en el informe. No obstante, en muchas ocasiones que la mandataria tuvo que acudir a declarar, prefirió guardar silencio ante la Fiscalía de la Nación.
El gobierno de Dina Boluarte también afirma que “el informe de la Relatoría ha incluido aseveraciones fuera de contexto y alejadas de la realidad sobre la situación de los derechos humanos en el país” en el contexto de las manifestaciones.
La relatora sostuvo que el Perú necesita avanzar “en reformas legales y prácticas” donde se respeten a los ciudadanos que decidan ejercer su derecho a la protesta. Uno de los casos que causó indignación fue el de Marco Antonio Samillán Sanga (31), un internista que decidió auxiliar a los heridos en las protestas, pero murió al recibir dos disparos.
Historias como la del joven de 31 años que buscaba ser médico, pero sus sueños se vieron truncados y aún su familia no encuentran justicia luego de más de un año de su fallecimiento.
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