Menos de dos horas luego de que el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, y el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunciaran el archivamiento de la investigación por genocidio en contra de la mandataria por parte de la Fiscalía, el Ministerio Público anunció una denuncia constitucional contra Boluarte por las muertes de 49 peruanos en las protestas al inicio de su gobierno, entre diciembre del 2022 y enero del 2023.
En un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, el Ministerio Público indica que la denuncia constitucional presentada contra Boluarte en el Congreso también alcanza a exministros de su gobierno:
- Pedro Angulo Aranda y Alberto Otárola como titulares de la PCM.
- Alberto Otárola y Jorge Luis Chávez como ministros de Defensa.
- César Cervántes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero como ministros del Interior.
Según la información oficial de la Fiscalía, los altos funcionarios serían “presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado”
Los delitos se produjeron en el marco del periodo de protestas que se iniciaron al inicio del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, entre los meses de diciembre del año 2022 y febrero del 2023 en diferentes regiones, como Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad, en las que 44 personas fallecieron por disparos, 3 murieron por golpes con objetos contundentes; y otras 116 sufrieron algún tipo de lesión, ya sea grave o leve.
Fiscalía archivó denuncia contra Dina Boluarte por el delito de genocidio
Solo unos minutos antes del anuncio de la Fiscalía, el abogado de la presidenta Boluarte, Joseph Campos, anunció que la Fiscalía de la Nación decidió archivar la investigación que se seguía en contra de la mandataria por el delito de genocidio.
El defensor de la mandataria también indicó que el argumento principal para que la Fiscalía tome la decisión es que no se configuraron los elementos suficientes que permitan calificar lo ocurrido como un genocidio.
Por otro lado, el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, indicó que este archivamiento no significa que la presidenta o los ministros involucrados se hayan librado de responsabilidades penales.
Con la presentación de la denuncia constitucional, las miradas estarán puestas sobre la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que deberá elaborar un informe de calificación y votar si declara procedente o no la denuncia planteada por la Fiscalía de la Nación.
En caso de que se declare procedente, la Subcomisión eleva la denuncia al Pleno del Congreso, que deberá definir en última instancia si la denuncia de la Fiscalía procede. De ser así, el Ministerio Público podrá seguir investigando a la mandataria por la presunta comisión de estos delitos.
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